Ha pasado un mes de la aprobación del nuevo paquete fiscal y migratorio “One Big Beautiful Bill Act” (OBBBA) del gobierno de Donald Trump, que ha desatado un profundo rechazo entre la comunidad hispana, la cual optó por llamarlo “Big Ugly Bill”. Esta legislación, prevista para ser implementada a partir de enero del 2026, en diferentes períodos, otorgará más fondos para la defensa y control migratorio, los cuales serán financiados con los recortes en los programas de salud, ayuda alimentaria y energía limpia.

Una medida que en Guatemala tendrá efectos económicos y sociales. Por un lado, al aplicar un impuesto del 1% en la transferencia física de remesas, representaría menores ingresos en el consumo interno y en la productividad nacional. Por otro lado, los recortes en los programas sociales y de salud como el Medicaid, así como el restringir el acceso a los cupones de alimentos (Snap), podría provocar más retornos voluntarios y no voluntarios, con escenarios como incertidumbre en las familias y la falta de programas de reintegración en las comunidades urbanas y rurales guatemaltecas.

Mientras, la cacería de migrantes y comunidad hispana continúa. El ambiente en la comunidad latina y para millones de connacionales que viven en los Estados Unidos es de temor, preocupación e inseguridad. Desde salir a trabajar, llevar a los niños a la escuela, hasta ir a comer a los restaurantes. Por eso, algunos han optado por regresar voluntariamente. “La gente está preocupada por esta política de miedo. Han cambiado sus hábitos, ahora salen en familia, previendo que, si los agarran, están unidos.

Hay solidaridad, apoyo, y una perspectiva estoica ante esta situación”, comparte Manuel Orozco, director de Migración, Remesas y Desarrollo de Inter-American Dialogue, en Washington D. C.

Para el activista guatemalteco Ben Monterroso, esta es una medida que aprieta más la soga al cuello de su comunidad, en donde Trump articula el discurso migratorio desde las finanzas del Gobierno, “con una visión especialmente xenófoba hacia los latinos, el grupo más perseguido en los Estados Unidos”, asegura con preocupación. Lo más alarmante es la persecución y ataques de los que han sido víctimas meses atrás por agentes de la patrulla fronteriza, encapuchados. “Andan con el rostro oculto, ignorando derechos legales, civiles y humanos. Primero te maltratan, después piden la documentación”, asegura.

El activista, residente desde hace 48 años en California, se ha involucrado en la defensa de los derechos de los trabajadores casi desde los inicios. “Este era un territorio en donde la libre expresión se valoraba y se protegía; ahora, esa libertad se está perdiendo y los derechos están ausentes”, asegura, y afirma que en estos momentos los guatemaltecos necesitan agilizar sus documentos para brindarles mayor protección, mientras los consulados hacen lo que pueden. “No están a la altura del momento, se carece de un plan de mediano plazo para las elecciones intermedias del 2026”, comenta.

Monterroso observa que la situación con familias que se separan empeora. Considera que esta es una tarea que ahora les corresponde asumir a los jóvenes y organizarse para defender sus derechos, pues regresar a Guatemala no es opción. Leonel Arenas, de 62 años, salió de La Gomera, Escuintla, hacia Estados Unidos, en 1998. Viajó con visa y, como muchos, decidió quedarse para sacar adelante a la familia, dedicándose a labores de limpieza en edificios, en Stamford, Connecticut.

Ahora padece de diabetes y presión alta, por lo que hace uso de su trabajo en una clínica que le apoya con medicamentos a bajo costo. “Es un gasto indispensable; en promedio, 80 dólares cada tres meses, por unas siete medicinas. Pero si me quitaran este apoyo, ni me imagino, supongo que se elevaría a miles de dólares”, explica. Arenas no está documentado. Le preocupa su salud y los gastos que implicaría la falta de ayuda social, lo cual lo hizo replantearse si tenía sentido quedarse en los Estados Unidos y por eso ha decidido regresar a Guatemala para, luego, continuar su vida en Europa.

Desde hace varios años, Arenas se ha dedicado a brindar ayuda social con sus vecinos y comunidad, como voluntario en los consulados móviles, hasta organizar colectas para los enfermos y los más necesitados. “No tengo miedo, pero sí precaución de lo que está sucediendo. Me duele, porque dejo acá muchos años de dejo acá muchos años de vida, pero todavía tengo la fuerza y la energía para valerme por mí mismo”, expresa.

Recorte en programas

Según cálculos de Kaiser Family Foundation (KFF) y de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), hasta 17 millones de personas podrían perder la cobertura médica, lo cual impacta en la comunidad latina y los indocumentados. La ley impone nuevos requisitos laborales para los beneficiarios de Medicaid y reduce la financiación federal en más de un billón de dólares. Se estima que 600 mil empleos en el sector de salud podrían desaparecer, muchos de estos puestos ocupados por latinoamericanos. Se considera que un 28% de los afiliados a Medicaid son latinos.

Además, se proyecta el cierre de unos 300 hospitales en áreas rurales, debido a su alta dependencia de Medicaid, según estudio de la Universidad de Carolina del Norte. La expiración de créditos fiscales y cambios en la Ley de Cuidados de Salud Asequible (ACA) podría elevar el costo del seguro médico, de US$500 hasta US$2 mil anuales, en promedio.

Se restringe el acceso a beneficios para inmigrantes, incluidos algunos con estatus legal, y elimina cobertura de Medicaid para 1.4 millones de indocumentados que accedían a programas estatales. El programa de Asistencia Alimentaria, que consiste la entrega de cupones para alimentos, afectará a más de tres millones de personas, incluidos dos millones de niños. Esto abarca alrededor de 140 mil empleos de la industria, de acuerdo con Monterroso.

La agenda del Congreso

La agenda aprobada por el Congreso estadounidense contempla alrededor de US$170 mil millones en los próximos cuatro años, para reforzar la política migratoria. Una inversión sin precedentes que incluye: reforzar el presupuesto de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ronda los US$10 mil millones, para recibir una ingreso de más de US$100 mil millones, distribuidos así: US$45 mil millones para ampliar la capacidad de detención y deportación de migrantes. US$46 mil millones para la construcción del muro fronterizo y tecnologías de vigilancia.

US$14 mil millones para operaciones de deportación. La contratación de personal e incorporación de los actuales seis mil oficiales aumentará hasta 10 mil nuevos agentes para el 2029. Se calcula que 500 mil guatemaltecos tienen orden de deportación, con la diferencia de que no son fronterizos, sino de quienes viven en territorio estadounidense, de acuerdo con Orozco.

Menos remesas

El experto en migración Manuel Orozco explica que la enmienda tributaria se fijó en 1% del importe remitido, el cual se aplica si el remitente hace transferencias en efectivo, giro postal o similar. Recuerda que este impuesto no tiene que ver con estatus legal o migratorio, y no se aplicará si la transferencia se retira de una cuenta de una institución financiera o tarjeta de débito o crédito extendida en los Estados Unidos. Según sus previsiones, tendrá un impacto en millones de hogares.

Según mediciones, un 50% de las transacciones —US$10 mil millones— que actualmente se efectúan son en efectivo, a través de una agencia de remesas. Calcula, además, que los guatemaltecos en Estados Unidos son alrededor de 2.5 millones —no los 3.6 millones que anota la Cancillería—, fundamentado en los 3.3 millones de transacciones que cada año se llevan a cabo, en donde cada persona hace alrededor de 16 envíos. Este impuesto puede tener efectos mixtos; es decir, el 50% que envía en efectivo cambiará al uso de tarjetas —la mayoría de migrantes tiene cuenta bancaria—.

Otros optarán por enviar menos dinero o recurrir a otros métodos. Esto significará una disminución relativa en la cantidad del giro. Para el caso de Guatemala, el impuesto podría disminuir el volumen enviado en al menos 3% para el 2026, por dos razones: el envío promedio de dinero enviada por parte de migrantes guatemaltecos ha llegado a un tope; en parte, porque sus ingresos salariales son menores de US$3,300, lo cual significa que les será difícil seguir mandando cantidades de más de US$500 frente a ese 1%.

Este impuesto coincide con la disminución migratoria y el aumento en deportaciones: para el 2025, el número de personas remesadoras que se agregan al grupo total de quienes envían es muy pequeño, y en el 2026 será menor de cinco mil, lo cual mostrará que el crecimiento en transacciones será cero o negativo.

Acciones del gobierno

La Embajada de Guatemala en los Estados Unidos informa que ha efectuado las gestiones diplomáticas correspondientes con el Congreso y el Senado de ese país, para expresar su profunda preocupación por las posibles consecuencias sociales y económicas de un impuesto a las remesas. Expone que esta medida tiene un impacto directo en millones de trabajadores migrantes, quienes desempeñan un papel esencial en la economía estadounidense y contribuyen con el bienestar de sus familias en los países de origen.

“Muchos migrantes guatemaltecos aportan al sistema fiscal estadounidense a través de pagos al Social Security, Medicaid y Medicare. Así, la imposición de un impuesto adicional a las remesas podría interpretarse como una forma de doble tributación. Además, este impuesto podría incentivar el uso de canales informales para el envío de recursos”, señala.

Como parte de las acciones emprendidas, la Embajada envió cartas oficiales en las que expuso con claridad la posición del Gobierno de Guatemala. “La imposición de impuestos especiales sobre las remesas constituye una medida contraproducente que debilita los esfuerzos conjuntos por atender las causas estructurales de la migración, garantizar un retorno sostenible y combatir el crimen organizado”, señala.