Cuando un gobierno —en vez de proteger la dignidad humana, propugnar la realización del bien común y estar al servicio del interés general— se aprovecha del ejercicio del poder, para enriquecer obsesiva e ilimitadamente a sus funcionarios, colaboradores y financistas, así como corromper a las instituciones, es un mero régimen perverso.

La perversión está asociada al envilecimiento, la desviación, la inmoralidad, la malignidad y la degeneración. Para imponerse en una sociedad, los politiqueros perversos buscan hacerse del poder absoluto a toda costa; y, al efecto, valiéndose de la manipulación, el dinero sucio, el clientelismo y la generación de chivos expiatorios, en el marco de la infausta lógica nazi del amigo-enemigo, se concentran en engañar a los incautos desencantados con la democracia institucional, por su lenta respuesta a la problemática nacional.

El populismo radical se vale de la demagogia y las campañas de odio y desinformación, montadas sobre maliciosos bots (chatbots, web crawlers y social bots) en redes sociales, que son los vehículos de ataque y desprestigio preferidos por los politiqueros perversos, a quienes los anima la codicia y la dominación. Sin duda, la intoxicación de avidez por el botín los hace inmunes a la vergüenza y el escándalo, así como al juicio de la posteridad.

Aunque siempre ha habido opacidad y negocios ilícitos tras los gobiernos, especialmente de las dictaduras, la actual degeneración de la partidocracia en democracias disfuncionales ha allanado el camino hacia el establecimiento y regencia de una demencial cleptocracia (dominio de ladrones), que conlleva la institucionalización de la corrupción, la violencia organizada, el asalto al poder de las mafias, así como la subyugación o esclavización de la población a base de temor y flagelo.

La perpetuación en el poder es un objetivo de los regímenes perversos, no solo porque les garantiza la dominación, sino porque también les asegura impunidad (ausencia de castigo por sus fechorías). Por lo tanto, no tienen interés en la instauración de una justicia oficial meritocrática, independiente y neutral al juego político-partidista, ni tampoco en que existan un control efectivo de las finanzas públicas, un equilibrio presupuestario y una sana disciplina fiscal. Por otro lado, avasallan a la autoridad electoral, a base de controlar la elección de sus funcionarios, obstaculizan a la oposición política, boicotean las elecciones, así como criminalizan a la prensa independiente.

Por cierto, para el próximo futuro es misión imposible, para quienes luchan por la democracia liberal en Guatemala, que se le restituya al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pleno ejercicio de la jurisdicción (potestad de juzgar) político-electoral, que se reglamente la selección por oposición (por méritos, conforme a la Constitución) de los candidatos a magistrados del TSE, que se depure el sistema de partidos y que se derogue la normativa que permite la descalificación de candidaturas a cargos de elección popular, por presunta propaganda anticipada.

En todo caso, cabe advertir que la cleptocracia, echando mano de farsas ideológicas, manipulación, divisionismo y control social, se ha ido consolidado en varios países en lo que va este siglo, incluida Guatemala, dando paso a un autoprotegido régimen mafioso transnacional.

Finalmente, debe tenerse presente que la justicia oficial en una cleptocracia se reduce a un brutal aparato de intolerancia y represión, que no vela por la vigencia de los derechos humanos y la democracia, sino que protege y absuelve al delincuente.