Choques entre manifestantes y las fuerzas del orden comenzaron el viernes en la megalópolis californiana, la segunda ciudad del país en número de habitantes y hogar de una importante población latina, tras decenas de arrestos llevados a cabo por la policía federal de inmigración (ICE) contra personas que considera inmigrantes ilegales y miembros de pandillas.

Este lunes, varios restos de vehículos incendiados eran visibles en una arteria de la ciudad, así como numerosos mensajes hostiles al ICE, a la Policía y al presidente Donald Trump, pintados en edificios federales.

La policía de Los Ángeles vigilaba los cruces de calles y el centro de la ciudad, declarado zona de reunión prohibida tras los enfrentamientos del domingo.

Trump acusó este lunes a los manifestantes en Los Ángeles de insurrección y amenazó con mayores medidas de fuerza, tras un fin de semana de disturbios desencadenados por redadas.

El mandatario republicano se congratuló de haber tomado una “decisión excelente” al desplegar la Guardia Nacional para sofocar las protestas, una iniciativa criticada por activistas de derechos civiles y las autoridades de California.

¿Puede hacer Trump uso de las fuerzas especiales?

El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció que demandará a Trump porque su decisión de movilizar a la Guardia Nacional sin la aprobación del gobernador “excedió la autoridad del gobierno federal” y “violó” la Constitución.

Unos 300 de los dos mil miembros de la Guardia Nacional, una fuerza armada de reserva que a menudo se activa en casos de desastres naturales, llegaron el domingo por la mañana.

Al menos 56 personas fueron arrestadas en dos días en Los Ángeles y cinco agentes sufrieron heridas leves, dijeron funcionarios del Departamento de Policía de Los Ángeles. Alrededor de 60 personas fueron arrestadas en protestas también en San Francisco.

De acuerdo con The New York Times, citando a Elizabeth Goitein, directora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan para la Justicia, “es la primera vez desde 1965 que un presidente activa las fuerzas de la Guardia Nacional de un estado sin una petición del gobernador de ese estado”.

Según analistas, son los gobernadores quienes casi siempre han controlado a los soldados de la Guardia Nacional.

Sin embargo, el gobierno de Trump cita una disposición del Título 10 del Código de EE. UU. referente a los Servicios Armados, que permite “el despliegue federal de fuerzas de la Guardia Nacional si hay rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno de Estados Unidos.

Además, consigna que “el presidente puede llamar al servicio federal a miembros y unidades de la Guardia Nacional de cualquier Estado en el número que considere necesario para repeler la invasión, reprimir la rebelión o ejecutar las leyes”.

Este mismo criterio usaría el Gobierno para el despliegue de los Marines; pero, “esta práctica es controversial, ya que no solo pone en riesgo las libertades civiles sino que también aumenta los roces entre autoridades locales y federales”, indica el diario AS.

En este sentido, “aunque algunas manifestaciones han sido revoltosas, las autoridades locales del condado de Los Ángeles no indicaron durante el día que necesitaran ayuda federal”, explica el Times.

“Que el gobierno federal se haga cargo de la Guardia Nacional de California, sin solicitud del gobernador, para sofocar protestas es realmente escalofriante”, afirmó, entre tanto, Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, citado por el Times.

*Con información de AFP y EFE.