Claudia Paredes galardona por «integridad» a jueza cuestionada por incumplir requisitos para ascender
El Organismo Judicial (OJ) reconoció a la jueza de paz Diana María Escobar González con el Galardón a la Integridad 2026, un premio institucional que distingue la trayectoria y los valores de sus trabajadores. La entrega se produjo una semana después de que La Hora publicara una investigación que puso en duda si la funcionaria […]
El Organismo Judicial (OJ) reconoció a la jueza de paz Diana María Escobar González con el Galardón a la Integridad 2026, un premio institucional que distingue la trayectoria y los valores de sus trabajadores. La entrega se produjo una semana después de que La Hora publicara una investigación que puso en duda si la funcionaria cumplía los requisitos para ser aceptada en el programa de formación que le da pie para ascender a jueza de Primera Instancia penal.
La presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes, participó en la ceremonia del 8 de octubre, cinco días antes de concluir su presidencia. Durante el acto, la magistrada defendió la importancia de la coherencia entre las decisiones y los actos de quienes integran la institución, según una publicación oficial en Facebook.
«La integridad exige coherencia en nuestras conclusiones, en nuestras decisiones y en nuestros actos», afirmó Paredes, según la publicación del Organismo Judicial sobre la actividad.
El reconocimiento adquiere relevancia por los cuestionamientos documentados sobre la trayectoria laboral de Escobar y su admisión al Programa de Formación de Jueces de Primera Instancia. La investigación de La Hora, publicada el 1 de octubre bajo el título Requisitos a la carta: el caso de la exfuncionaria de Giammattei que busca ser jueza de primera instancia, examinó las fechas consignadas en su expediente y las contrastó con las condiciones establecidas para participar en el proceso.
UN REQUISITO PENDIENTE DE ACLARACIÓN
Escobar fue admitida en junio de 2025 al proceso de ascenso, aunque su certificación laboral registraba que había retomado sus funciones como jueza de Paz el 1 de diciembre de 2023. Al cierre de la convocatoria, el 27 de junio de 2025, todavía no había completado los tres años de “servicio activo ininterrumpido” exigidos por las bases.
La diferencia se relaciona con su paso por la Secretaría General de la Presidencia durante el Gobierno de Alejandro Giammattei, sancionado por corrupción por EE. UU. Escobar dejó temporalmente el Organismo Judicial en mayo de 2021, bajo la figura de excedencia, para ocupar puestos directivos en esa dependencia. Permaneció allí hasta noviembre de 2023 y regresó a ser jueza de paz al día siguiente.
El Reglamento General de la Ley de la Carrera Judicial establece que los jueces de Paz deben acreditar al menos tres años de servicio activo ininterrumpido para ascender a jueces de Primera Instancia. La Ley de la Carrera Judicial, además, distingue entre el servicio activo y la excedencia, y señala que el tiempo durante el cual se mantiene esta última condición no se computa para determinar la antigüedad.

Escobar sostiene que su excedencia no impedía que participara en el proceso y que cumplió con los pasos establecidos. También atribuyó al Consejo de la Carrera Judicial la responsabilidad de revisar los documentos y determinar si reunía las condiciones requeridas.
«Como ellos lo verificaron, yo ahí ya no tengo responsabilidad», afirmó a La Hora durante las conversaciones previas a la publicación de la investigación.
LA EXPLICACIÓN DEL CONSEJO QUE NO LLEGA
La investigación también documentó que el Organismo Judicial no respondió las diez preguntas que La Hora trasladó sobre la admisión de Escobar y el criterio aplicado para determinar su elegibilidad.
La institución indicó que los períodos de excedencia no se computan para efectos de antigüedad o tiempo de servicio activo, aunque no suponen por sí mismos la pérdida del vínculo laboral. Añadió que cualquier elemento que pudiera contravenir los requisitos debe ser conocido y valorado por el Consejo de la Carrera Judicial, el órgano competente en el procedimiento.
La presidenta de ese consejo es Flor García Villatoro. Bajo su responsabilidad queda aclarar por qué Escobar fue declarada elegible cuando las fechas de su expediente mostraban que aún no había completado los tres años de servicio activo ininterrumpido requeridos.
La jueza continúa con su formación, que, según explicó a La Hora, se extenderá hasta mayo de 2027. Considera que excluirla del proceso a estas alturas sería injusto, puesto que el propio consejo recibió su expediente, revisó sus documentos y permitió que avanzara.
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El Galardón a la Integridad, de acuerdo con el Organismo Judicial, busca reconocer a los trabajadores que ejercen sus funciones con compromiso y reflejan los principios institucionales. La información publicada por la institución sobre la ceremonia no detalla los criterios específicos aplicados para conceder el reconocimiento a Escobar ni explica si los cuestionamientos sobre su elegibilidad fueron considerados en la evaluación.