Los diputados aprobaron una nueva ley que tiene como objeto atacar a las pandillas.Todo después del escándalo en materia de seguridad que expuso la fuga de 20 pandilleros de alta peligrosidad.

La ley aprobada lleva por nombre Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas.

Fue posible su aprobación en tercera lectura tras horas de negociaciones, en medio de la plenaria que concluyó con un paquete de más de 20 propuestas de enmiendas, dando paso también a la aprobación de su articulado final.

Entre algunos de los aspectos que contempla la ley se establece crear todo un marco legal que le permita al Estado responder con legislación y estrategias de seguridad, contra las acciones criminales desarrolladas por las maras.

Asimismo, declara como terroristas a los pandilleros de la Mara 18 y Mara Salvatrucha, dejando abierta esta declaración en caso de que surjan nuevos grupos delictivos similares.

Para hacerse este procedimiento, elfiscal general deberá hacer el requerimiento a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que tendrá que responder por medio de la Cámara Penal, para que esta los incluya dentro del catálogo de escenarios que conocen los juzgados de alto impacto.

También añaden como conductas de grupos delictivos organizados una serie de conductas cometidas por las maras, pero que ahora estarán contempladas dentro de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, entre ellos, la violación, agresión sexual, actividades remuneradas con personas menores de edad, extorsión, comercialización de vehículos robados, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva del tránsito, asociación ilegal de gente armada y entrenamiento de gente armada.

Más penas y controles

La ley contempla que el delito de obstrucción extorsiva del tránsito se castigue con entre 14 y 18 años de prisión, toda vez sea cometido por un marero, y se podrá aumentar hasta en una tercera parte.

Durante el proceso de investigación por este delito, ahora un juez podrá ordenar la inmovilización de productos financieros del procesado, como las cuentas bancarias.

A aquellos que recluten a menores de edad para la actividad de las maras recibirán penas que van de los 14 a los 18 años de cárcel y se les impondrá multas que pueden ir de los Q100 mil a los Q300 mil.

Se añaden nuevas prohibiciones para los detenidos, entre ellas, tener cantidades de dinero que superen sus gastos personales; aparatos de comunicaciones como radios o teléfonos celulares, así como equipos para tener acceso a Internet, drones o tecnología.

Asimismo, el Sistema Penitenciario estará obligado a tener una base de datos actualizada de todas las personas detenidas, información que a la fecha desconoce las actuales autoridades de Gobernación.

Entre las nuevas penas también se castiga la “talacha”, un tipo de coacción, delito que puede ser sancionado con prisión de seis a ocho años, pena que se aumenta una tercera parte si es cometido por los guardias a cargo de la seguridad de los privados de libertad.

También se aumenta la pena por el delito de extorsión que a la fecha alcanzaba hasta los seis años de cárcel, ahora las nuevas penas son desde los seis hasta los 12 años de cárcel, pero si el delito es cometido por un marero se podrá aumentar hasta una tercera parte.

Durante la investigación se podrán suspender cuentas bancarias, y en caso se detecta que una persona ha sido obligada a recibir en sus cuentas dinero de extorsiones, será exculpado de la responsabilidad.

También crean el delito de enriquecimiento ilícito extorsivo, que se castigará con penas de 14 a 18 años prisión. Añaden la figura de usura que tendrá penas de cuatro a 10 años de cárcel, más multas que van de los Q200 mil a los Q500 mil.

Respaldan la ley

Diputados justificaron su voto a favor de la nueva ley antipandillas, remarcando la necesidad que el Organismo Ejecutivo cumpla con la implementación de la nueva herramienta legal.

“Hoy Guatemala da un paso importante al declarar como terroristas a las acciones de las maras en este país. Quizá la iniciativa no resuelve todos los problemas, pero es una ruta clara que permita crear un sistema de justicia integral”, dijo el diputado Boris España, quien hasta hace poco formaba parte del bloque Vamos, del cual él se separó.

Los diputados reconocieron que después de semanas de inactividad fue posible la consolidación de acuerdos políticos, que responden la crisis de seguridad que quedó expuesta el fin de semana.

Todo tras el anuncio de la fuga de 20 pandilleros que no pudo ser justificada por las autoridades del ministerio de Gobernación y por el silencio de la presidencia de Bernardo Arévalo, señalaron los diputados.

“Esperemos que el Ejecutivo implemente la ley. Tuvo que declarar Estados Unidos a los pandilleros como terroristas y se tuvieron que escapar 20 de estos criminales, para que aquellos que siempre votaron en contra ahora sí voten a favor”, recriminó Elmer Palencia, del bloque Valor, acerca del apoyo del oficialismo a la nueva ley.

“Hoy se la acabó la fiesta a las maras. Se le está dotando al Estado herramientas importantes para una persecución a este fenómeno”, dijo el diputado Orlando Blanco, de Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS).

Por su lado, la diputada oficialista, Andrea Reyes, explicó que la nueva ley permite dar una respuesta a todas las personas que han sufrido la agresión de las pandillas. “Estamos creando tipos penales tras acuerdos con las bancadas”, expresó.

Incluso el presidente del Congreso, Nery Ramos, razonó su voto, calificando la ley como “una propuesta integral”, que asegura dará respuesta ciclos continuos de violencia.

“Por años, décadas, las pandillas le han despojado de lo más sagrado a los guatemaltecos”, dijo, y recordó cómo jóvenes han sido reclutados por las pandillas y a su vez han formado las estadísticas de víctimas a consecuencias de las maras.

El presidente tendrá que sancionar o vetar la nueva norma legal. Arévalo conoció la iniciativa cuando fue diputado y razonó su voto en algunos aspectos del dictamen por no estar de acuerdo con toda la propuesta de ley.