Endurecimiento de controles financieros en EE. UU. podría impactar en envíos de migrantes
Las disposiciones emitidas el pasado 19 de mayo por el presidente Donald Trump podrían tener impactos serios en la economía de miles de familias guatemaltecas que tienen a sus seres queridos en EE. UU., debido a las regulaciones que se harán al sistema financiero de aquel país. La nueva orden ejecutiva del gobernante estadounidense pretende […]
Las disposiciones emitidas el pasado 19 de mayo por el presidente Donald Trump podrían tener impactos serios en la economía de miles de familias guatemaltecas que tienen a sus seres queridos en EE. UU., debido a las regulaciones que se harán al sistema financiero de aquel país.
La nueva orden ejecutiva del gobernante estadounidense pretende que a los migrantes sin estatus legal les sea imposible acceder a servicios financieros tan básicos como transferir remesas a sus parientes en el extranjero.
Solo el año pasado, las remesas familiares en Guatemala sumaronUS$25 mil 300 millones, el 20% del producto interno bruto (PIB), cifra que revela lo crucial que es este rubro de divisas para la economía guatemalteca, puesto que se calcula que sostienen a 6 millones de personas.
De acuerdo con la disposición, el objetivo será combatir el lavado de dinero, el narcotráfico y la trata de personas. Para ello se reforzarán los controles al sistema financiero, por lo cual se plantea una afectación directa hacia los migrantes guatemaltecos y de otras nacionalidades que envían dinero desde EE. UU.
El texto de la norma dice que, incluso los servicios financieros básicos pueden ser utilizados para actividades ilícitas si no existen adecuados procesos de identificación del cliente. Por lo tanto, uno de los puntos centrales de la orden es el control de las transferencias internacionales de bajo monto, como las remesas.
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ENFOQUE EN EL LAVADO
Analistas consultados por La Hora coincidieron en que el impacto en la economía guatemalteca de esta norma será mayúsculo si es que finalmente se concreta. La directriz es una norma ejecutiva que establece tiempos de cumplimiento, y que podría ser impugnada judicialmente.
Mario García, analista en tema de remesas, expuso que la norma colocará una alerta a los migrantes que no cuentan con un estatus migratorio regular por posible lavado de dinero, lo que hará “casi imposible” que puedan hacer transacciones financieras.
García calcula que cerca del 70% de guatemaltecos que envían remesas familiares viven en situación irregular. Por lo tanto, el impacto que tenga en las remesas será enorme, puesto que ante el aumento de requisitos de verificación y para evitar problemas legales, los bancos estadounidenses se verán desmotivados a ofrecer sus servicios a ese segmento de la población.
El analista explicó que la norma se traducirá en el aumento de los costos, puesto que habrá que hacer una doble revisión de esos perfiles que soliciten la apertura de una cuenta bancaria, lo cual requerirá más costos en papelería, archivos y oficiales para hacer las diligencias.
MENOS REMESAS
García dijo que estas trabas también podrán hacer que las empresas eviten contratar trabajadores que no pueden abrir una cuenta bancaria por no haber arreglado aún su situación migratoria.
Inevitablemente, esto repercutirá en el envío de menos remesas familiares. “Este año yo ya veo una desaceleración del crecimiento de las remesas”, indicó el analista, debido a que hay menos guatemaltecos migrando a EE. UU., a lo que se le suma que hay más deportaciones.
“Ahora con esta nueva medida el crecimiento podría tener un impacto muy grande”, agregó el entrevistado, quien explicó que el año pasado las remesas crecieron a un ritmo del 18%, mientras que en 2026 el crecimiento anda entre el 6% y 8%. Solo esta desaceleración provocará unos USD 1 mil millones menos en el año, dijo.
“Eso inmediatamente le pegará al consumo porque el 50% de las remesas se va al consumo y directamente impactará al crecimiento económico entre 0.1 y 0.3 del PIB”, apuntó García.
Si el escenario pasa de la desaceleración del ingreso de estas divisas a la contracción, agregó, “miles y miles de familias se verán afectadas y podrían caer bajo el umbral de la pobreza”.
HABRÍA CONSECUENCIAS
Para Marvin Otzoy, economista guatemalteco que vive en Nevada, EE. UU., los bancos y remesadoras podrían endurecer los requisitos de envío de divisas a Guatemala porque la norma instruye al Departamento del Tesoro a emitir alertas de poblaciones sin autorización de trabajo, lo que incluye a aquellos que declaran sus impuestos y hacen gestiones financieras solo con contar con un número personal de identificación tributaria (ITIN, en inglés).
Adicionalmente, esto permitirá considerar el estatus migratorio de una persona que manda remesas e identificarlo, lo que podría ponerlo en riesgo de deportación.
Entre otras consecuencias, Otzoy, también presidente de la Fraternidad Guatemalteca del Norte de Nevada, considera que puede darse cierres o bloqueos de cuentas o que rechacen solicitudes de préstamos o tarjetas de crédito de ciertos inmigrantes.
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Esto obligará a los connacionales a utilizar algunos canales informales para el envío de remesas que pueden ser más caros e incluso peligrosos.
Aunque el impacto en la economía no ocurrirá en el corto plazo, Otzoy alertó de que en el mediano habrá repercusión en el consumo en sectores como la vivienda, el comercio local, construcción, que es a donde van dirigidas las remesas, lo que se traducirá inevitablemente en pérdida de empleos.
«Para Guatemala sería un choque potencial que se sentiría más en hogares del área rural y en comunidades indígenas donde las remesas sostienen prácticamente la alimentación, salud, educación y construcción en esas áreas», subrayó.
“ES DE MIEDO”
Juan Carlos Pocasangre, líder migrante que radica en Nueva York, coincidió en no descartar que se ordene a los bancos a cerrar las cuentas de las personas que las abrieron sin contar con un número de seguro social, así como a que trasladen los datos de estas personas, con lo cual se abriría la puerta para que ICE (Migración y Control de Aduanas, en inglés) los ubique y deporte.
“Es de miedo decirlo, pero lo único que veo es que todas estas personas empezarán a cerrar sus cuentas”, porque de ser alguien capturado podría dejar su dinero en el banco y se le complicará sacarlo.
De similar forma, considera que podrían actuar las agencias utilizadas para enviar remesas, puesto que, eventualmente, podrían aceptar hacer transacciones solo a personas con seguro social, condición que no tienen los migrantes con estatus irregular.
Estos, añadió, probablemente recurrirán a familiares o amigos, que podrán hacerles el favor una o dos veces al año, pero no cada tres semanas, como suelen hacerlo. Tampoco en grandes cantidades porque las instituciones financieras preguntarán: “¿De dónde se sacó tanto dinero?”.
HAY QUE ESPERAR
Para Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM), la medida es “otro golpe más para la comunidad migrante” por parte de la administración Trump; no obstante, más que una norma que se ejecutará, cree que se trata de otra acción que pretende infundir el miedo en las comunidades para influenciar en quienes no tienen documentos y se vayan de EE. UU.
“En principio, todos van a estar temerosos, pero después todo va a continuar igual. Aunque van a tener más cuidado, pero encontrarán cómo enviar remesas; siempre hay caminos”, manifestó Moreno. Si la situación se complica, no duda de que habrá demandas colectivas en contra de la norma y alguna corte podría botar la orden ejecutiva de Trump.
En la misma línea, Jahir Dabroy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), no ve un impacto inmediato en la disminución de remesas, puesto que cree que la norma está dirigida en contra de los lavadores de dinero, no de los migrantes irregulares.
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Coincidió en que los migrantes van a buscar los mecanismos para continuar con el envío de divisas a Guatemala sin generar sospechas. Además, remarcó que los montos que envían los migrantes guatemaltecos relativamente no son tan elevados para que se consideren sospechosos, entre USD 400 y USD 800 una o dos veces al mes.
Sin embargo, Dabroy no descartó que pueda haber impacto en la contratación de migrantes en situación irregular por parte de empresas, puesto que con la nueva disposición esto se complicaría, lo cual, eventualmente, podría afectará el envío de remesas.
