Las autoridades explicaron el un nuevo esquema legal y operativo que se definió para garantizar la continuidad del principal puerto del Pacífico, tras la declaratoria de nulidad absoluta del contrato entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y APM Terminals.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) promovió esta nulidad, la cual fue respaldada por los tribunales, dejando sin efecto el contrato, lo que generó una incertidumbre que se remarcó desde mediados del 2024. Esto representaba un riesgo significativo debido a que el Puerto Quetzal maneja más del 45% de las exportaciones y cerca del 30% de las importaciones guatemaltecas.

“Con la nulidad del contrato legal pasó a desaparecer, no existía más, y esto le presentó al gobierno un reto gigante”, declaró el presidente Bernardo Arévalo el jueves 24 de julio en una rueda de prensa.

La eliminación del contrato puso en duda la continuidad operativa del puerto, situación que podría haber desencadenado una grave crisis logística y económica para Guatemala, aseguró el mandatario.

Ante esta circunstancia, el gobierno, junto con APM Terminals, implementaron acciones para mantener la operatividad y se diseñó un modelo operativo y legal viable, que permitiera continuar con la prestación de servicios en el puerto.

Reestructuración del modelo

El gerente de EPQ, Jorge Antonio Lemus, recordó un amparo interpuesto por el CACIF que obligó al Estado a actuar con rapidez y legalidad cuando quedó sin efecto el contrato.

Después de un análisis jurídico y técnico, se definió implementar un modelo de gestión indirecta contemplado en la ley portuaria, el cual permite la participación privada en la operación pero bajo la supervisión y control directo de EPQ.

“Nosotros cambiamos al modelo de un contrato normal […] donde el usuario paga a Puerto Quetzal y este remunera al operador”, detalló Lemus.

Este nuevo esquema reemplaza el anterior, que fue cuestionado por funcionar como una concesión encubierta, y establece un modelo contractual que responde al marco legal vigente.

Para asegurar la continuidad y evitar que los usuarios se vieran afectados, EPQ y APM trabajaron conjuntamente en la integración de sistemas operativos e informáticos, además de coordinar acciones con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

“El objetivo era que el usuario no se percatara del cambio y que la operación fuera continua e ininterrumpida”, agregó.

APM Terminals y SAT

Carla Ramírez, directora legal de APM Terminals, indicó que resultado de un proceso que duró 11 meses, marcado por el trabajo conjunto entre el sector público y privado, se firmaron dos nuevos contratos que garantizan la continuidad de operaciones por APM Terminals.

La ejecutiva explicó que suscribió un contrato de arrendamiento por el uso del área operada y otro para la prestación de servicios portuarios bajo el modelo de gestión indirecta. La empresa aseguró que su enfoque fue “evitar cualquier disrupción que afectara la logística y el comercio exterior”.

Ramírez agregó que se realizó una inversión inmediata de US$8 millones para ampliar la capacidad operativa y adquirir equipo portuario especializado. Asimismo, aseguró que están dispuestos a realizar inversiones adicionales en cuanto las condiciones contractuales lo permitan.

Por su parte, el superintendente de la SAT, Werner Ovalle, explicó que la institucióncanceló el depósito temporal de APM y extendió el de EPQ para garantizar la operatividad sin afectar la cadena logística ni la recaudación.

“Emitimos tres resoluciones: cancelación, ampliación y disposiciones administrativas para garantizar la operación”, explicó Ovalle.

Ovalle destacó la creación de la Comisión ADOC Interinstitucional, que ha supervisado el inventario y la transferencia de contenedores desde APM a EPQ, manteniendo la atención continua a los usuarios y la recaudación tributaria.

“Esto demuestra que los sistemas están funcionando”,añadió el Superintendente tras contabilizar más de 892 contenedores movilizados, un buque atendido y Q44.95 millones recaudados.

Además, informó que se mantuvieron vigentes los códigos aduaneros y se suspendió el plazo de abandono de mercancías para evitar afectaciones a la cadena logística durante la transición.

Visión a futuro

El presidente Bernardo Arévalo destacó que el Estado no solo defendió la legalidad, sino que proyecta una visión de modernización de sus puertos.

“Estamos trabajando con el Cuerpo de Ingenieros de EE. UU. para modernizar Puerto Quetzal y también el puerto en el Atlántico. Esto es a lo que le temen los corruptos […] Le temen a un país que no acepta retroceder”, afirmó el mandatario.

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