Ante un dilema entre dos opciones de decisión, cada una con una mezcla de inconveniencias y esperanzas de alivio económico para los intereses económicos del país, el Ejecutivo guatemalteco toma la ruta del que aparenta ser un mal menor. Pero no deja de ser un mal: sobre todo porque sienta un mal precedente. Otro mal precedente. Y de malos precedentes con buenas intenciones está empedrado el camino de lo inesperado. Pero solo el tiempo mostrará si el costo de oportunidad compensa el desgaste.

El Ministerio de Economía publicó ayer un acuerdo para oficializar una confidencialidad de siete años sobre todo el contenido de las negociaciones del gobierno guatemalteco con el de Estados Unidos respecto del arancel de 10% impuesto unilateral e indiscriminadamente por el mandatario Donald Trump a varios países. El presidente Bernardo Arévalo declaró ayer que tal condición de confidencialidad era un requisito fijado por los estadounidenses como condición previa a la apertura de cualquier diálogo, establecida por el gobierno estadounidense.

A finales de mayo, una delegación público-privada guatemalteca viajó a Washington para entrevistarse con autoridades y empresarios, a fin de iniciar un cabildeo para reducir o eliminar los gravámenes. Desde que estos están en vigencia, el sector exportador guatemalteco ha tenido numerosas pérdidas y reducciones de contratos en Estados Unidos, por lo que ha solicitado que se agilicen las negociaciones, a sabiendas de esa condición de reserva total. En tal escenario, hacer oficial la confidencialidad era inminente, pero no por ello deja de suscitar interrogantes: ¿Cuánto se logrará de rebaja efectiva en el arancel? ¿Qué concesiones solicitará el ejecutivo estadounidense a Guatemala? ¿Serán proporcionales los beneficios comerciales?

El artículo 30 constitucional establece que todos los actos de la administración de gobierno son públicos, “salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos”. Y fue precisamente ese acápite el que invocó el presidente Arévalo para amparar la declaratoria de sigilo aludida. En todo caso, una vez cumplido este requisito, los funcionarios involucrados del Gobierno de Estados Unidos podrían tener la cortesía y la consideración de agilizar la negociación, primero porque se trata de un aliado histórico e incondicional; segundo, porque la guerra tarifaria está causando incertidumbre en la economía nacional, lo cual también se cierne sobre la creación de empleos que, a la vez, son el mejor freno a la migración forzada.

Tercero, y no menos importante, porque, de no viabilizar la solución, podrían denotar que no tienen claro lo que buscan lograr a nivel de política exterior, además de agitar los mercados internacionales. Asimismo, el tiempo corre y el impacto en el bolsillo de los estadounidenses puede horadar el apoyo político, sobre todo de cara a las elecciones de medio término, en el 2026.

Sí, la táctica global arancelaria de Trump tomó por sorpresa a todo el mundo, pero ese factor ya va pasando su cénit, y de no aclararse su efectividad real, el panorama podría convertirse en un amorfo conjunto de presiones que únicamente solidificarán alianzas logísticas, productivas y comerciales de otras zonas. En ese sentido, es de mutuo interés, de Guatemala y EE. UU., llegar a un punto de equilibrio, con todo y la diferencia de poderío económico, así como la necesidad de tener un bastión de apoyo geoestratégico en la región. Parafraseando la fábula de J.J. Arévalo, esta vez el tiburón amordaza a la sardina para que no diga nada de lo que acordaron, pero ese silencio solo sirve en tanto y en cuanto termine de aclarar su postura con el resto de países gravados.