La paradoja de los «motoladrones» que los capturan y los liberan: Mingob pide reformar la ley
La paradoja de los «motoladrones» en Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC) los captura, pero logran ser liberados en los tribunales, por lo que el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, pide reformas a la ley. Villeda planteó la necesidad de que se realicen reformas a la ley, entre ellas, en el Código Procesal Penal, […]
La paradoja de los «motoladrones» en Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC) los captura, pero logran ser liberados en los tribunales, por lo que el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, pide reformas a la ley.
Villeda planteó la necesidad de que se realicen reformas a la ley, entre ellas, en el Código Procesal Penal, ya que se han dado casos en que los capturados, especialmente en flagrancia, logran medidas sustitutivas y con ello pueden salir de prisión.
Hizo referencia a las recientes modificaciones al Código Procesal Penal con el Decreto 23-2026, sobre la prisión preventiva, y explica que esto estaría afectando que los motoladrones sean procesados.
En la conferencia de prensa del pasado 30 de septiembre, Villeda recordó que, antes de ser aprobado el citado decreto, compareció ante la Comisión de Gobernación del Congreso a solicitar que se haga una reforma al Código Procesal Penal para que las personas que hayan sido capturadas en posesión de arma de fuego de manera ilegal no gocen de medidas sustitutivas.
Si bien ve positivas algunas modificaciones en cuanto al tema de la prisión preventiva, el tiempo de investigación y de procesamiento de las personas, lamentó el que no se haya contemplado la prohibición de otorgar medidas sustitutivas a aquellas personas que sean capturadas en posesión de un arma de fuego de manera ilegal.
«Esto nos complica porque, como ya lo he dicho en otras oportunidades y en otras comparecencias, resulta que hemos capturado a 29 motoladrones durante este año, de los cuales 15 ya fueron puestos en libertad o ya gozan de libertad a través de medidas sustitutivas», expuso.
«Nosotros estamos interesados en que se haga esta reforma; es fundamental que se haga esa reforma», resaltó, pero mencionó otras leyes que considera que deben reformarse.
En ese sentido, citó la Ley de Aceptación de Cargos. «También es fundamental que se modifique la ley de aceptación de cargos y se saque de la modalidad de aceptación de cargos el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y/o deportiva porque es a través también de esta ley de aceptación de cargos que muchas personas que capturamos luego aceptan cargos y salen en libertad a través de las rebajas de pena que otorga la ley, la ley de aceptación de cargos en virtud del sometimiento a la misma», explicó.
CASO MOTO LADRÓN PRENSADO
El pasado lunes 28 de septiembre, Villeda ofreció una entrevista radial al programa «A Primera Hora» de Emisoras Unidas.
Citó casos en los que los motoladrones que son capturados logran salir en libertad; por ejemplo, el caso del motoladrones, que murió prensado contra un camión, suceso ocurrido el 23 de septiembre en la Calzada Roosevelt y primera calle de la zona 11.
«Tuvimos una persona fallecida en la calzada Roosevelt que fue prensada contra un tráiler en el preciso instante en que había asaltado a un transeúnte, lo había herido con arma de fuego y era una persona que la policía había capturado aproximadamente un mes en posesión de un arma de fuego, ilegal por supuesto, y en posesión y andaba asaltando con una moto que tenía reporte de robo», detalló.
«Aquí estamos hablando de que esta persona había como mínimo cometido dos delitos, portación ilegal de arma de fuego de uso civil y o deportiva, que tiene una pena de prisión de ocho a diez años, y un encubrimiento propio, que tiene una pena de dos meses a tres años», añadió.
Hombre que falleció prensado por vehículo en la zona 11 había sido capturado hace un mes
Villeda dijo que el motoladrones se enfrentaba a una pena entre ocho y trece años de prisión.
En ese sentido, indicó que el Código Procesal Penal establece que para que los jueces puedan otorgar medidas sustitutivas, deben tomar en cuenta varias situaciones.
Primero, desvirtuar el peligro de fuga, lo cual se logra cuando la persona procesada puede demostrar que tiene una residencia habitual, un trabajo conocido, relaciones familiares que no le permitirían y se tendrían que someter al proceso.
El segundo aspecto es que la ley exige que los jueces tomen en cuenta la pena que se espera como resultado del delito para poder otorgarle una medida sustitutiva.
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También dijo que hay otra condición, que es que el procesado no represente un peligro para la averiguación de la verdad, no represente un peligro o un obstáculo para la investigación.
«Y aquí estamos ante una persona que de alguna manera, al salir en libertad, es muy probable que vaya a intimidar a la persona que comparece como víctima dentro del proceso», resaltó.
«Es una cuestión que muchas veces los jueces han manifestado, que no pueden ligar a estas personas por el delito de robo agravado porque las víctimas no comparecen a los tribunales a declarar y a señalarlos como los responsables del robo. Pero es entendible que las víctimas no van a acudir a los tribunales a señalar a una persona y saben que inmediatamente los jueces le van a dar medida sustitutiva y con eso ponen en riesgo su vida», expuso el funcionario en la entrevista radial.
Además, reflexionó en que la única manera en que un juez puede dejar libre a alguien que se encontrara en flagrancia asaltando con una motocicleta con reporte de robo es si no tiene suficientes indicios, digamos, en el reporte que le presentan, o está coludido o amenazado por alguna estructura».
CAPTURAS
En la conferencia, Villeda detalló que del 1 de enero al 30 de septiembre, se capturaron a 750 pandilleros, 516 pertenecientes al barrio 18 y 204 pandilleros que pertenecen a la Mara Salvatrucha.
Asimismo, se logró capturar a 33 pandilleros pertenecientes a la banda White Fence y 13 miembros del grupo de los Caradura.
Además, como parte de los operativos, también se han desmantelado 544 cámaras de vigilancia que estos pandilleros tenían en distintos puntos de la ciudad para controlar a la población y para controlar también los movimientos de las autoridades.
Destacó un operativo en la zona 1 capitalina donde la Mara Salvatrucha tenía una casa de seguridad donde se incautaron el equivalente a 2 millones de quetzales.
