Por lo menos unos 17 proyectos de infraestructura en carreteras terrestres se han identificado para impulsar la inversión pública en la formación de capital fijo.

Los tramos identificados son parte de la iniciativa Guatemala No Se Detiene (GNSD) y luego de la aprobación de la Ley de Infraestructura Prioritaria por el Congreso de la República en 2024 aún está pendiente un proceso de la creación administrativa.

La movilidad, el mantenimiento de carreteras y la inversión pública en capital fijo es uno de los temas con mayor relevancia en el último año, dada la experiencia en el kilómetro 44 en la autopista Palín-Escuintla que colapsó uno de los circuitos radiales logísticos de la Costa Sur.

Los proyectos se extienden por las rutas comerciales y turísticas, por lo que se considera una apuesta para mejorar en los diferentes índices de infraestructura y movilidad.

Las rutas

Raúl Bouscayrol, presidente de la junta directiva de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expresó que como sector forman parte de la comisión de infraestructura del plan país de GNSD, que reúne a instituciones público-privadas y por medio del cual se han establecido más 100 proyectos prioritarios para aportar a la competitividad del país.

En la actualidad, dijo se encuentran 17 proyectos prioritarios que requieren inversión, pendientes de asignación de recursos, distribuidos en cinco grandes rutas o proyectos, detectados por la comisión.

Explicó que estas son la ruta: CA-09 Norte y Sur; la ruta: CA-02 Occidente y Oriente; ruta, Anillo Regional C-50 y otros proyectos complementarios.

Tramos por priorizar

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) agregó que los proyectos están listados en el artículo 87 de la Ley de Infraestructura Prioritaria que se refieren a las carreteras centroamericanas, todas las vías puerto a puerto, frontera a frontera.

Al consultarle sobre la inversión estimada de estos proyectos de infraestructura, aseguró que aún no hay una inversión para todos los proyectos todavía y esto va a variar del avance de los estudios preliminares.

Aclaró que la ley indica que primero se debe hacer un análisis de la situación de la red vial existente y luego un plan de desarrollo vial sobre los cuales se tendrá que priorizar qué proyectos se pueden realizar de primero y cuáles ya cuentan con estudios de preinversion, así como facilidades para el derecho de vía.

En cuanto a la asignación de recursos para estos recursos proyectos de infraestructura, Zapata comentó que ya está definido en la normativa y que deberá de comenzar a operar en 2026.

En tanto que Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, enfatizó que en las futuras discusiones del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para 2026, se espera la estructuración para el funcionamiento de la Ley de Infraestructura Vial.

Declaración de emergencia

En el actual contexto nacional y la cercanía de la llegada del invierno, Estrada Domínguez, afirmó que hay una baja ejecución en obras cargadas en el presupuesto a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) así como en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).

Dio a conocer que en este caso el Ministerio de Finanzas Públicas, cuenta con la disponibilidad para hacer las intervenciones con recursos de caja fiscal, o el IVA Paz, por lo que “perfectamente se pueden hacer los anticipos para poder avanzar con algunos proyectos de infraestructura”.

“Considero que el Ejecutivo lo tiene que abordar como una emergencia; una fuerza de tarea especifica de aquí y durante Semana Santa para poder agilizar las obras, hacer una encerrona, estudiar casos por departamentos y juntar a todas las instituciones públicas involucradas para hacer los avales en línea en el mismo lugar, porque no dará tiempo de ejecutar esos proyectos”, afirmó al referiste al resto del año de la ejecución.

Por otro lado, añadió que hay poca actividad de Guatecompras que es el sistema de adquisiciones del Estado en los Codedes y el Micivi para infraestructura, y no el volumen de proyectos que se tendría que ver dadas las asignaciones presupuestarias para este objetivo, que se incrementaron sustancialmente en el presupuesto vigente.

“Es una inyección intravenosa de impacto total, en el empleo, demanda de materiales de construcción, insumos, mano de obra, equipos en todo el país y eso sumado al resto de inversión que alcanzan los Q26 mil millones con una parte municipal y ministerial, es lo que en este momento puede servir de impulso a la economía y de reactivación”, precisó Estrada Domínguez.

¿Cómo agilar los proyectos?

Una de las propuestas del presidente de la Comisión de Finanzas al profundizar sobre la conceptualización de declarar una emergencia, es contar con una capacidad de abrir un espacio entre las unidades institucionales involucradas, reunir a todos los directores o jefes de unidades que tienen que brindar los avales, direcciones de planificación y aunque todo está en una plataforma para despachar los informes y luego los comentarios, ese procedimiento en la actualidad está siendo muy lento.

En esa reunión de emergencia, citó por ejemplo Estrada Domínguez, debe estar los ministerios de Finanzas, Comunicaciones, Segeplán, Contraloría General, entre otras entidades para hacer los avales, y las llaves especiales que se necesitan en los sistemas de Guatecompras para poder avanzar y agilizar.

“Es una oportunidad para tener un impacto en un segundo año de gobierno; es valioso para el Ejecutivo como para las alcaldías tienen que fortalecer su capacidad y seguimiento en este momento para acelerar la ejecución”, puntualizó.

En el Micivi aún no están contratados los programas de mantenimiento y las primeras adjudicaciones en la recepción de ofertas están para finales de mayo, “y siendo honesto todo saldrá en julio y eso con la condición si no hay impugnaciones, recursos, revisiones y de fijo nos echamos inactivos un semestre”, concluyó.