Cuando hace algunas décadas se autorizó la sindicalización de los trabajadores del Estado, entre las críticas destacó el temor de la paralización parcial o total del país y el riesgo del abuso del derecho de ese grupo ciudadano, en detrimento de los derechos de la generalidad de la población. Al hacer esto por decisión de los dirigentes sindicales, hay un rompimiento del principio de la Constitución, según el cual el derecho de la mayoría tiene preeminencia sobre el individual, aunque este fuera legal. La lógica de ese criterio es clara y simple de entender: una huelga en el magisterio, incluso explicable y hasta cierto punto justa, es de hecho ilegal por sus consecuencias nefastas para la educación pública tanto de párvulos, primaria, secundaria e incluso universitaria.

Este criterio señala con claridad la justicia y validez del juez Quinto de Trabajo, Carlos de la Cruz, quien “solicita” (es decir pide, no ordena) al STEG, Sindicato de Trabajadores de la Educación (no maestros, sino obreros educativos), el cese de la asamblea permanente y la reanudación de las clases, suspendidas desde el 19 de mayo, so pena de pedir una “certificación de lo conducente”, por incumplimiento de la orden judicial. Al mismo tiempo, señala “la obligación de todo el magisterio para regresar a las clases”, cuya falta le hace un daño enorme a toda la población escolar, afectada por la mala calidad de la enseñanza y por los pocos días de su asistencia a las clases. Todo esto ya está creando protestas airadas de los padres de familia, con toda razón.

Urge limitar los derechos magisteriales sindicales, en vista de los abusos y también de la actitud pusilánime de las autoridades educativas desde hace décadas. Hay 2,500 actas administrativas de sanciones, pero la evidencia demuestra el rechazo de los maestros. La huelga es un derecho laboral pero al mismo tiempo un motivo de graves males, en lo privado y lo público. Dentro de los cambios debe registrarse horario para manifestar, el límite de veces para hacerlo, la interrupción intencional del tránsito, pasar las noches en aceras y lugares públicos y los lugares y tiempo de las discusiones entre las partes, e incluso la cantidad de veces para posibles reelecciones, a fin de evitar reyezuelos. Ahora, la falta de límites provoca caos generalizados y contribuye a la imposibilidad de utilizar calles y avenidas citadinas, así como carreteras.

Las leyes no son entes con principios y valores incambiables porque al incluir errores, se pueden cambiar, mejorándolas y creando el espacio de su acción. Hacerlo no viola ningún derecho: ni humano, ni de libertad de elección, pero esto último es la fuente principal del desastre. Se deben colocar condiciones para el ejercicio del magisterio, siguiendo la idea de darles sueldos merecidos si las llenan. El primer paso debe ser la investigación de las condiciones de cómo fue la llegada de los maestros a las escuelas. La decisión del juez Cruz tiene toda la posibilidad de ir por el buen camino, pero necesita de compañía y apoyo de funcionarios dedicados a otros asuntos directa o indirectamente relacionados. Por eso, puede abrirse una esperanza en este fundamental asunto.

Este caso demuestra con toda claridad la falta de valores educativos de demasiados de los maestros y de las autoridades. Una acción inicial y urgente debe ser analizar la calidad educativa del magisterio en los diversos campos. Nuestros niños no saben leer, y si leen no están capacitados para comprenderlo, y lo mismo pasa con las matemáticas, la historia nacional. Si un maestro no entiende o conoce estas materias obviamente no podrá explicarlas, corregir las tareas para la casa, y demás. Esta realidad es un fruto de varias décadas de descuido. Se ha señalado cientos de veces, pero el descuido es más fuerte. Comprender un problema es llegar a la mitad de su solución, pero eso no se logra si no hay deseo de componerlo ni comprensión del mal hecho para el presente y el futuro.