Presupuesto público casi se duplica en 18 años, pero persisten dudas sobre su ejecución y resultados
El Gobierno del Presidente Bernardo Arévalo propone asignar Q192 mil 045.1 millones para 2027, una cifra que representa un incremento nominal aproximado del 17% respecto del presupuesto vigente de 2026 y que coloca la discusión sobre el uso y los resultados del gasto público en el centro del debate. El desafío no se limita a […]
El Gobierno del Presidente Bernardo Arévalo propone asignar Q192 mil 045.1 millones para 2027, una cifra que representa un incremento nominal aproximado del 17% respecto del presupuesto vigente de 2026 y que coloca la discusión sobre el uso y los resultados del gasto público en el centro del debate.
El desafío no se limita a disponer de más recursos, sino a establecer cómo ese crecimiento presupuestario puede traducirse en mejores escuelas, servicios de salud, infraestructura y oportunidades para la población.
La discusión también abre una perspectiva histórica: ¿Cómo ha evolucionado el gasto público desde el gobierno de Álvaro Colom hasta la administración actual y qué resultados ha producido ese aumento de recursos?
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DE ÁLVARO COLOM A BERNARDO ARÉVALO
Desde la llegada de Álvaro Colom a la Presidencia, en 2008, Guatemala ha tenido seis administraciones presidenciales: Colom (2008-2012), Otto Pérez Molina (2012-2015), Alejandro Maldonado (2015-2016), Jimmy Morales (2016-2020), Alejandro Giammattei (2020-2024) y Bernardo Arévalo (2024-2028).
De 2008 a 2025 Guatemala ha tenido seis administraciones y el Presupuesto del Gobierno central pasó de Q40,355 millones a Q117,485 millones.
El crecimiento nominal esconde tres patrones que se repiten: más gasto no es más Estado, la ejecución cae y la inversión no llega.
Con Álvaro Colom (2008-2012) subió de Q40,355 a Q55,319 millones en plena crisis financiera, con rigidez, modificaciones constantes y el caso Transurbano por USD 35 millones investigado por CICIG/MP.
Con Otto Pérez Molina (2012-2015) subió a Q59,891 millones, pero el peso vs PIB bajó de 14.6% a 12.8% y la ejecución de 96.1% a 88.4%, hasta colapsar con La Línea, renuncia de Baldetti el 8 de mayo y de Pérez Molina el 2 de septiembre de 2015.
Jimmy Morales (2016-2020) lo llevó de Q63,080 a Q79,836 millones – Q82,599 millones en ejecución real de 2019, con solo 19.7% en inversión (Q16,285 millones). Recaudación incumplida: en 2019 Q62,077 vs meta Q63,468 millones, brecha Q1,391 millones. Casos: Q7.9 millones no reportados de FCN-Nación y Libramiento de Chimaltenango de Q528.6 millones con derrumbes y denuncias de CGC.
Alejandro Giammattei (2020-2024), marcado por COVID-19, saltó de Q93,529 a Q117,485 millones. ICEFI advirtió alta ejecución financiera pero sin resultados medibles. Surgieron dudas sobre el anticipo Sputnik V por Q614.5 millones por 16 millones de dosis, 13 escuelas Bicentenario adjudicadas por Q541.8 millones con solo 2 terminadas a inicio de 2024, y hospitales inconclusos. La recaudación en 2023 sí superó meta: Q95,250 vs Q86,247 millones.
La lección de 18 años: todos gastaron más, casi todos ejecutaron arriba de 90%, pero todos arrastraron rigidez, baja inversión efectiva y casos de corrupción. El problema nunca fue cuánto se presupuestó, sino a quién le llegó y qué resultado dejó.
EXPANSIÓN CONSTANTE
A lo largo de distintas administraciones, el presupuesto estatal ha registrado un crecimiento en términos reales.
Al ajustar las cifras históricas por inflación, el presupuesto vigente de la Administración Central pasó de aproximadamente Q83 mil 235 millones en 2008 a Q154 mil 837 millones en 2025.
En términos reales, el volumen de recursos prácticamente se duplicó durante ese período, con etapas de estancamiento y aumentos extraordinarios, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19.
El economista Sigfrido Lee señaló que el crecimiento presupuestario ha coexistido con deficiencias en áreas como educación, salud, nutrición infantil e infraestructura pública.
“Guatemala continúa enfrentando desafíos en la calidad educativa, la cobertura sanitaria, la nutrición infantil y la infraestructura pública”, agregó.
Por su parte, los análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) señalan que el gasto en educación y salud permanece limitado frente a las necesidades del país, mientras que las restricciones fiscales y las dificultades institucionales inciden en la capacidad de ampliar y mejorar los servicios públicos.
Lee también se refiere a la distribución, ejecución y evaluación de los recursos como aspectos que deben considerarse en el análisis del presupuesto estatal.
EJECUCIÓN ES LA DIFERENCIA
La ejecución presupuestaria ilustra esa diferencia. Según datos del Ministerio de Finanzas, en 2024 en la administración del presidente Bernardo Arévalo se ejecutó el 93.66%, en 2025 fue de 94% mientras que, al 30 de octubre de este año, que es la cifra actualizada en el portal del Ministerio de Finanzas, la ejecución asciende a 72%.
El patrón general de los gobiernos anteriores también mantiene la ejecución por arriba del 70% al mes de octubre de cada año.
Aunque una ejecución elevada puede reflejar que el Estado cumplió con buena parte de sus compromisos financieros, no demuestra por sí sola que los recursos hayan generado mejores resultados.
El pago de salarios, transferencias y obligaciones puede avanzar conforme a lo programado mientras persisten retrasos en obras, deficiencias en la atención médica o problemas de calidad en el sistema educativo.
“Por ello, medir la gestión pública exige complementar los porcentajes financieros con indicadores de cobertura, calidad e impacto”, agrega Sigfrido Lee.
EL PRESUPUESTO 2027 BAJO LA LUPA
La propuesta actual del Presupuesto de Ingresos y Egresos asciende a Q192 mil 045.1 millones y equivale, según las estimaciones presentadas, a alrededor del 17.6% del producto interno bruto (PIB).
Para analistas, centros de pensamiento y diversos sectores, esa dimensión obliga a examinar con rigor las fuentes de financiamiento, las prioridades de gasto y la capacidad de las instituciones para ejecutar los recursos.
El proyecto todavía está sujeto a la discusión y a posibles modificaciones en el Congreso de la República, por lo que sus montos y asignaciones no deben confundirse con un presupuesto definitivamente aprobado.
Entre los principales rubros del presupuesto destacan:
- Educación: Q27 mil 898 millones.
- Salud: Q18 mil 615.5 millones.
- Servicio de la deuda pública: Q24 mil 601.1 millones.
- Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro: Q74 mil 192.6 millones, apartado que agrupa transferencias y compromisos de distinta naturaleza.
Para Ricardo Barrientos, Director Ejecutivo del ICEFI, la magnitud de estas asignaciones plantea la necesidad de explicar qué resultados se esperan, qué instituciones serán responsables de alcanzarlos y cómo se comprobará que los recursos cumplan su finalidad.
Las observaciones formuladas por el ICEFI y otros centros de pensamiento refuerzan esa exigencia. Sus recomendaciones incluyen revisar el destino del endeudamiento, justificar técnicamente los proyectos de inversión y mejorar la transparencia de las asignaciones.
Barrientos eleva la preocupación sobre la propuesta de financiar con deuda bonificada Q22 mil 915 millones de gasto corriente, al considerar que podría contravenir el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto.
La inversión pública representa otro de los grandes desafíos. Para que las asignaciones destinadas a carreteras, puertos, transporte y otros proyectos produzcan beneficios, deben contar con estudios técnicos, presupuestos realistas, calendarios de ejecución y mecanismos de supervisión.
“Sin estas condiciones, un presupuesto mayor puede aumentar los recursos disponibles en el papel sin garantizar que las obras se concluyan oportunamente o respondan a las necesidades de la población”, agregó Barrientos.
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LA PRUEBA ESTÁ EN LOS RESULTADOS
La discusión presupuestaria también debe centrarse en las prioridades sociales. En educación, el reto es mejorar los aprendizajes y la cobertura; en salud, ampliar la atención y fortalecer la prevención; y en nutrición, reducir las brechas que afectan especialmente a la niñez.
Guillermo Díaz, analista de la URL, explicó que para lograrlo, el Congreso debe examinar no sólo los montos asignados, sino también las metas físicas, los beneficiarios previstos y los mecanismos que permitirán medir avances.
El financiamiento constituye una dimensión igualmente importante. Un incremento presupuestario requiere ingresos suficientes y un análisis responsable del endeudamiento para evitar que las obligaciones futuras reduzcan el margen de acción del Estado.
“La revisión debe distinguir entre gastos recurrentes, inversiones que generan beneficios de largo plazo y compromisos que limitan la posibilidad de reasignar recursos ante nuevas necesidades”, señaló Díaz.
Los analistas coinciden en que la experiencia acumulada desde el gobierno de Óscar Berger deja una lección central: el crecimiento del presupuesto no garantiza, por sí solo, el desarrollo.
Guatemala necesita instituciones capaces de planificar mejor, ejecutar proyectos con eficiencia, prevenir la corrupción y demostrar qué obtiene la ciudadanía a cambio de los impuestos y de los recursos provenientes del endeudamiento.
LUCES Y SOMBRAS
El proyecto de 2027 ofrece una oportunidad para avanzar en esa dirección, pero también eleva las expectativas y la responsabilidad del Organismo Ejecutivo y del Congreso.
Los consultados coinciden en que la pregunta decisiva para Guatemala no es solamente cuánto crecerá el presupuesto en 2027, sino qué cambiará realmente para sus habitantes. Esa será la medida más importante de su éxito.