Presupuesto 2027: ICEFI plantea 10 recomendaciones, pide frenar fondos para CODEDE y revisar uso de deuda
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) presentó al Congreso 10 recomendaciones para modificar el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, entre ellas frenar nuevos aportes extraordinarios a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), evitar que la deuda pública financie gasto corriente y fortalecer la transparencia en proyectos de alto costo. Los planteamientos […]
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) presentó al Congreso 10 recomendaciones para modificar el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, entre ellas frenar nuevos aportes extraordinarios a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), evitar que la deuda pública financie gasto corriente y fortalecer la transparencia en proyectos de alto costo.
Los planteamientos fueron expuestos ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, que analiza la iniciativa de ley 6841 antes de emitir su dictamen.
El ICEFI también advirtió sobre reducciones de recursos para educación, salud y alimentación infantil dentro de la propuesta presupuestaria.
Ricardo Barrientos, Director Ejecutivo del ICEFI, explicó que hubo buena recepción de la propuesta; sin embargo no todos los diputados y asesores que componen la misma asistieron.
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CODEDES, BAJO LA LUPA
Una de las principales alertas se centra en los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE). El ICEFI pidió no aprobar un nuevo aporte extraordinario, al señalar que la ejecución presupuestaria de estas entidades apenas alcanzaba el 30.9% al 26 de octubre de 2026.
Según sus estimaciones, la asignación total para 2027 podría superar los Q13 mil millones y elevarse hasta un rango de entre Q17 mil millones y Q20 mii millones si se agrega otro aporte de entre Q5 mil millones a Q7 mil millones.
El instituto considera que estos montos superarían ampliamente la capacidad real de ejecución, estimada en un máximo de Q8 mil millones anuales, y aumentarían la vulnerabilidad ante abusos, corrupción y uso político de los recursos en un año electoral.
AUMENTO DE LA DEUDA
El endeudamiento público constituye otro foco de preocupación. El instituto solicitó revisar el incremento de la deuda bonificada y exigir al Ejecutivo una justificación detallada de su destino, así como estudios sobre sus efectos fiscales y monetarios.
En particular, cuestionó la propuesta de financiar con deuda Q22 mil 915 millones de gasto corriente, equivalentes al 53.6% del endeudamiento bonificado solicitado para 2027.
Según el instituto, esta práctica contravendría la prohibición establecida en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto, por lo que pidió al Congreso examinar cuidadosamente su fundamento y compatibilidad legal.
El artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 101-97) establece la regla general de que «no se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes u operativos», permitiendo el endeudamiento únicamente para gastos de inversión o para pagar los servicios de la deuda pública.
Esta preocupación también la resaltó el CACIF durante un análisis del proyecto de Presupuesto y que, si se aprueba tal y como está, podría incurrir en algunas “ilegalidades”.
EL PAPEL DE LAS ONGS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
La organización también pidió revisar los aportes directos propuestos para 117 organizaciones no gubernamentales (ONG), por un total de Q2 mil 437.4 millones, y excluir aquellos que no cuenten con legitimidad, pertinencia y respaldo suficiente.
En materia de inversión pública, recomendó no asignar fondos a proyectos sin sustento técnico o sin código en el Sistema Nacional de Inversión Pública, además de exigir al Ejecutivo información sobre la capacidad de ejecución, los beneficiarios, los calendarios de trabajo y las medidas de transparencia previstas.
Entre los rubros que requieren explicaciones específicas figuran Q4 mil 800 millones para la ampliación de Puerto Quetzal; Q3 mil 517.6 millones para proyectos viales prioritarios; Q2 mil 550 millones para la Agencia Nacional de Infraestructura, y Q800 millones para la modernización del transporte, puertos, aeropuertos y ferrovías.
El ICEFI también solicitó mayor detalle sobre programas sociales y fondos que suman miles de millones de quetzales, incluidos Q3 mil 015.4 millones para el programa Mano a Mano y Q1 mil millones para el Fondo para la Adquisición de Primera Vivienda.
La petición busca que los montos estén respaldados por metas claras, proyectos identificables y mecanismos que eviten la discrecionalidad y la politización del gasto.
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REVERSIÓN DE REDUCCIONES
Uno de los señalamientos más sensibles se refiere a la inversión pública en niñez y adolescencia.
El ICEFI pidió revertir reducciones presupuestarias previstas para educación básica, diversificada e inicial, así como fortalecer la inversión en tecnología educativa.
También recomendó restituir recursos para el monitoreo del crecimiento infantil, la entrega de micronutrientes y la vacunación regular, además de recuperar metas del programa alimentario, cuyo número de raciones tendría un recorte del 30.9%.
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Para el instituto, estas decisiones deben evaluarse a la luz de las necesidades educativas, nutricionales y sanitarias de la población infantil.
De cara a las elecciones generales de 2027, el ICEFI pidió al Tribunal Supremo Electoral detallar el destino y calendario de ejecución de los aportes especiales, que pasarían de Q500 millones en el presupuesto vigente de 2026 a Q2,000 millones en el proyecto para 2027.
Asimismo, recomendó ajustar la distribución de las proyecciones tributarias para que reflejen mejor la recaudación observada.
GARANTIZAR TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Para Ricardo Barrientos las recomendaciones colocan al Congreso ante una discusión que va más allá del monto total del presupuesto: cómo garantizar que cada quetzal tenga una finalidad verificable, pueda ejecutarse con transparencia y responda a prioridades nacionales.
“Esperamos que nuestros planteamientos sirvan como insumos para el dictamen de la Comisión de Finanzas”, agregó Barrientos.
El experto destacó que la decisión legislativa deberá ponderar las necesidades de inversión y funcionamiento del Estado frente a la sostenibilidad de la deuda, la capacidad de ejecución y la protección de los recursos destinados a la niñez y a los servicios esenciales.