Diputados conocerán el martes veto a reformas sobre prisión preventiva, pero aún no votarán
Los diputados recibieron el veto presidencial al Decreto 23-2026, que frena las reformas a la prisión preventiva, y lo conocerán en pleno del Congreso el próximo martes 3 de noviembre. No obstante, aún no votarán para aceptarlo o rechazarlo. El presidente del Organismo Legislativo, Luis Contreras, aseguró que buscan corregir la ley ante las observaciones […]
Los diputados recibieron el veto presidencial al Decreto 23-2026, que frena las reformas a la prisión preventiva, y lo conocerán en pleno del Congreso el próximo martes 3 de noviembre. No obstante, aún no votarán para aceptarlo o rechazarlo.
El presidente del Organismo Legislativo, Luis Contreras, aseguró que buscan corregir la ley ante las observaciones estipuladas por el mandatario Bernardo Arévalo.
«Lo que queremos es ponerle un fin al abuso que hacen los jueces con la prisión preventiva», dijo Contreras.
El jefe del Congreso también indicó que aún no votarán por el veto, sino que cuentan con diez días para evaluarlo.
Aunque Contreras había convocado para mañana a una reunión con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la magistrada Jenny Alvarado Tení, y el presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, el diputado Álvaro Arzú Escobar, este jueves expresó que el encuentro ya tuvo lugar, por lo que canceló la agenda prevista para el viernes.
En una nueva reunión participarían el presidente de la comisión, sus asesores y los ponentes de la ley, así como la magistrada que encabeza la CSJ.
Contreras también se reunió con autoridades del Organismo Judicial y de la Corte de Constitucionalidad (CC), encuentro en el que se abordó principalmente la entrada en vigencia de la ley. Según lo expuesto por el diputado, la magistrada presidenta señaló una dificultad relacionada con ese aspecto.
Por su parte, Arzú Escobar indicó que no brindará declaraciones sino hasta el martes, cuando se reúna con la presidenta de la CSJ.
Cuatro puntos de las reformas sobre prisión preventiva que provocaron el veto del presidente Arévalo
EL VETO PRESIDENCIAL DE BERNARDO ARÉVALO
Según el acuerdo sobre el veto presidencial, el Ejecutivo considera que las reformas contienen disposiciones contrarias a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en el artículo 2.
La Constitución establece que entre los deberes del Estado está garantizar a los habitantes de Guatemala la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
En ese contexto, el Ejecutivo recuerda el principio de seguridad jurídica, que implica emitir leyes y disposiciones de carácter general que sean confiables, estables, predecibles, inteligibles y coherentes.
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También cita el artículo 11 bis del Decreto 51-92, Código Procesal Penal, que establece la obligación de los órganos jurisdiccionales con competencia penal de fundamentar sus decisiones de forma clara y precisa.
Las reformas señalan, además, que no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas «enumeradas en el presente artículo». Sin embargo, el Ejecutivo expone que el artículo al que se hace referencia no enumera ninguna medida sustitutiva, por lo que los órganos jurisdiccionales competentes no tendrían una referencia clara para tomar decisiones.