Luego de que el Juzgado de Primera Instancia Penal resolviera ligar a proceso penal a Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez y Héctor Samuel Chaclán Batz, exintegrantes de los 48 Cantones de Totonicapán, por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal, la organización se pronunció y señala criminalización y persecución contra los pueblos indígenas que participaron en dichas manifestaciones.

En un comunicado, las autoridades indígenas expresaron su preocupación por la decisión de la jueza Carol Patricia Flores de enviar a proceso penal a los exdirigentes, quienes permanecerán en el Preventivo para Varones de la zona 18 mientras el Ministerio Público (MP) realiza la investigación.

Los 48 Cantones expresaron su “enérgico rechazo” a los recientes actos de criminalización y persecución, responsabilizando a la jueza por procesar a sus exautoridades por delitos supuestos, relacionados con su participación en manifestaciones pacíficas.

“Uso indebido” de la justicia

Asimismo, denunciaron el “uso indebido” del sistema de justicia como herramienta para amedrentar, silenciar y judicializar a quienes ejercen su derecho a la protesta.

La investigación impulsada por el MP fue catalogada por la organización como un acto de criminalización que amenaza el tejido social, la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, y como una estrategia para infundir miedo y debilitar las formas de vida comunitarias.

Después del traslado de los procesados al Preventivo, los 48 Cantones de Totonicapán exigieron el cese de la persecución política y judicial, y responsabilizaron al ente investigador y al Organismo Judicial de “cualquier daño” que puedan sufrir Pacheco y Chaclán en prisión.

Dirigiéndose al Estado de Guatemala, las autoridades indígenas demandaron el respeto irrestricto de los marcos nacionales e internacionales que protegen los derechos colectivos e individuales de los pueblos originarios.

Además, hicieron un llamado a las organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas, para que vigilen la situación y denuncien la supuesta persecución política que sufren los pueblos indígenas en Guatemala.

Finalmente, informaron que tomarán las medidas necesarias, en consenso con el Concejo de Alcaldes Comunales, para definir sus acciones.

En relación con el caso, la jueza Flores otorgó al Ministerio Público un plazo de dos meses para recabar las pruebas que sustenten la acusación.

CIDH denuncia criminalización arbitraria a las autoridades indígenas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “rechaza la continua instrumentalización espuria de la función constitucional de investigación de delitos por parte del Ministerio Público (MP) de Guatemala que atenta contra el Estado democrático de derecho”. En esta oportunidad, advierte sobre la criminalización arbitraria de autoridades indígenas que encabezaron de manera pacífica las movilizaciones sociales del 2023.

En su pronunciamiento, la CIDH señaló que la detención y el proceso penal contra Pacheco y Chaclán forman parte de un “patrón de uso indebido del derecho penal con fines políticos”, y calificó como un abuso la prisión preventiva ordenada en su contra.

La CIDH advierte que la investigación que dirige el MP se inscribe “bajo los patrones de instrumentalización del derecho penal con fines políticos” que ellos documentaron en diferentes informes, donde se recalca que la falta de independencia de la institución dirigida por Consuelo Porras y su rol activo para perpetrar la impunidad y la corrupción.

Por último, la Comisión rechazó y calificó de criminalización y persecución judicial la acción del ente investigador en contra autoridades indígenas que lideraron movilizaciones pacíficas en el 2023, por lo que reiteró su llamado al Estado de Guatemala a realizar un examen independiente sobre el funcionamiento del MP y su impacto en los derechos humanos.