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Gobernación anuncia revisión profunda de la PNC tras caso de hermanos Choc Toz

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Gobernación anuncia revisión profunda de la PNC tras caso de hermanos Choc Toz
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El Ministerio de Gobernación anunció que iniciará una revisión profunda de la estructura, los mandos y el funcionamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de los cuestionamientos surgidos por el procedimiento de captura de los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz, quienes fueron señalados inicialmente como sospechosos del asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano […]

El Ministerio de Gobernación anunció que iniciará una revisión profunda de la estructura, los mandos y el funcionamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de los cuestionamientos surgidos por el procedimiento de captura de los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz, quienes fueron señalados inicialmente como sospechosos del asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

En un comunicado dirigido a la población, la cartera informó que la evaluación abarcará los distintos niveles de mando, los procedimientos operativos y los mecanismos de supervisión y control institucional, con el objetivo de identificar medidas para fortalecer el desempeño y la capacidad de respuesta de la institución policial.

«Las circunstancias actuales demandan decisiones firmes y responsables», señaló Gobernación, que también anunció que adoptará las medidas administrativas y organizativas que correspondan, conforme a la ley y a los resultados de las evaluaciones.

El Ministerio indicó que en los próximos días informará sobre los resultados del proceso y las decisiones que se adopten. No detalló qué mandos o unidades serán evaluados ni precisó si ya se ordenaron cambios dentro de la institución.

El anuncio ocurre después de que la captura de Rigoberto y Daniel Choc Toz generara cuestionamientos sobre la actuación de los agentes policiales y los indicios presentados por la PNC para vincularlos inicialmente con el ataque armado ocurrido el sábado 17 de octubre en el Campo Marte, zona 5 de la capital.

Tras el crimen, la Policía informó que había detenido a los hermanos en el bulevar San Isidro, zona 16, y aseguró que transportaban una carabina, municiones, un cargador y un chaleco táctico dentro de una mochila de reparto de comida. La institución presentó a ambos como presuntos responsables del ataque.

Sin embargo, los hermanos sostuvieron que eran repartidores de comida y negaron su participación en el asesinato. Rigoberto Choc Toz pidió que se revisaran las cámaras de seguridad para establecer lo ocurrido durante su recorrido y las circunstancias de la detención.

Según una investigación publicada por La Hora el 19 de octubre, surgieron inconsistencias relacionadas con las revisiones policiales, el arma reportada como incautada, la vestimenta de los detenidos y el manejo de sus pertenencias.

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De acuerdo con fuentes judiciales citadas por este medio, el Ministerio Público (MP) investigaba la posible implantación del arma por parte de los agentes que realizaron la captura. Las mismas fuentes señalaron que el fusil reportado por la PNC no sería el utilizado en el ataque armado.

Estas circunstancias forman parte de los cuestionamientos sobre el procedimiento policial. La posible manipulación de indicios constituye una línea de investigación y no debe darse por establecida como un hecho definitivo mientras las autoridades no concluyan las diligencias correspondientes.

LIBERTAD DE LOS HERMANOS

El domingo 18 de octubre, un juzgado de turno dictó falta de mérito a favor de Rigoberto y Daniel Choc Toz y ordenó su libertad, luego de una audiencia celebrada bajo reserva en la Torre de Tribunales.

La resolución se produjo después de que el MP solicitara la falta de mérito. Con ello, los hermanos no fueron ligados a proceso penal por los señalamientos relacionados con el ataque armado.

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La decisión judicial y las dudas sobre la captura también provocaron cuestionamientos públicos sobre la actuación de los agentes involucrados. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura anunció que promovería acciones legales para que se investigara el proceder de los policías que participaron en la detención.

Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, había afirmado que las autoridades debían establecer qué ocurrió y determinar posibles responsabilidades a partir de evidencia, no de suposiciones. El funcionario también advirtió que tomaría decisiones cuando tuviera conclusiones claras sobre la actuación policial.

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