La CSJ mantiene a Flor García al frente de la Carrera Judicial pese a denuncia y señalamientos sobre su gestión
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha decidido mantener a Flor García Villatoro al frente del Consejo de la Carrera Judicial, la institución que administra los procesos de ingreso, formación y evaluación de jueces y magistrados. La resolución, aprobada durante la recién instalada presidencia de Jenny Alvarado Tení y formalizada en el acta 54-2026, del […]
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha decidido mantener a Flor García Villatoro al frente del Consejo de la Carrera Judicial, la institución que administra los procesos de ingreso, formación y evaluación de jueces y magistrados. La resolución, aprobada durante la recién instalada presidencia de Jenny Alvarado Tení y formalizada en el acta 54-2026, del 14 de octubre, renueva la designación de García Villatoro para que continúe representando a la Corte y presidiendo el Consejo en ausencia de la presidenta del Organismo Judicial.
La decisión prolonga la permanencia de una magistrada cuya actuación ha quedado bajo escrutinio por decisiones relacionadas con nombramientos judiciales. Su continuidad coincide, además, con una serie de controversias sobre los mecanismos de ascenso dentro de los tribunales y con las investigaciones abiertas tras la publicación de audios en La Hora sobre negociaciones de plazas en el Organismo Judicial.
El Consejo de la Carrera Judicial ocupa una posición estratégica en ese entramado. La ley le atribuye la convocatoria de concursos de oposición para el ingreso de jueces y magistrados, la evaluación de su desempeño, la definición de políticas de capacitación y la comunicación al Congreso de las vacantes definitivas en las cortes. No decide por sí solo todos los nombramientos, pero interviene en procedimientos que condicionan quién puede acceder a determinados cargos y bajo qué requisitos.
La renovación de García Villatoro mantiene esas responsabilidades en manos de una magistrada que ya fue denunciada penalmente por actuaciones vinculadas con la integración de magistrados en nuevas salas de apelaciones.
DENUNCIA Y CUESTIONAMIENTOS
En octubre de 2025, el abogado Maynor Giovanny Caté Chirix presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra García Villatoro y el entonces presidente de la CSJ, Teódulo Cifuentes Maldonado. El documento les atribuye un posible delito de abuso de autoridad por decisiones que, según el denunciante, excedieron las competencias de la Corte al trasladar magistrados entre salas y designar a suplentes para ocupar cargos de titulares sin seguir el procedimiento constitucional.
La controversia se remonta a una resolución del 20 de agosto de 2025. La discusión quedó registrada en el acta 33-2025 del pleno de la Corte, en la que García Villatoro reconoció que no se había notificado al Congreso de las vacantes derivadas de la creación de nuevas salas de apelaciones. La magistrada argumentó que el Consejo ya contaba con un listado de suplentes remitido por el Legislativo y que, por esa razón, no consideró necesaria otra consulta.
El procedimiento fue cuestionado por magistrados que defendieron la intervención del Congreso en la designación de titulares. El denunciante pidió que se investigaran las actuaciones y que se promovieran las diligencias correspondientes para determinar si procedía retirar la inmunidad de los señalados. La denuncia, sin embargo, no echó raíces bajo la administración de la entonces fiscal general Consuelo Porras.
La discusión sobre el papel del Consejo no se limita a aquella disputa entre instituciones. También alcanza los procedimientos mediante los cuales los jueces buscan ascender dentro de la carrera judicial. Uno de los casos que ha puesto bajo atención a esa instancia es el de Diana María Escobar González, jueza de Paz admitida en junio de 2025 a un programa de formación para optar a una plaza de jueza de Primera Instancia.
La documentación revisada por La Hora muestra que Escobar González trabajó en la Secretaría General de la Presidencia durante el Gobierno de Alejandro Giammattei, después de solicitar una excedencia en el Organismo Judicial. Regresó a su puesto de jueza de Paz el 1 de diciembre de 2023. Cuando concluyó el plazo para presentar solicitudes al proceso de ascenso, el 27 de junio de 2025, todavía no había completado los tres años de servicio activo ininterrumpidoexigidos por las bases de la convocatoria.
Ese período mínimo también figura en el Reglamento General de la Ley de la Carrera Judicial. La normativa distingue entre el servicio activo y la excedencia, y establece que el tiempo durante el cual un integrante de la carrera permanece en esta última condición no se computa para determinar su antigüedad.
Escobar González ha defendido su participación. Sostiene que presentó los documentos requeridos y que el Consejo revisó su expediente antes de declararla elegible. La jueza afirma que correspondía a esa institución verificar el cumplimiento de los requisitos. El Organismo Judicial, consultado por La Hora, señaló que cualquier elemento que pudiera no ajustarse a las condiciones de la convocatoria debía ser conocido y valorado por el Consejo, aunque no explicó qué criterio permitió admitirla.
El caso ilustra la importancia de los procedimientos que administra el órgano presidido por García Villatoro. La cuestión de fondo es si los requisitos establecidos para acceder a un ascenso se aplican de manera uniforme y si las decisiones de admisión pueden justificarse a partir de la normativa y de los expedientes de cada aspirante.
SEGUIRÁ INCIDIENDO EN EL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL
La posición de García Villatoro dentro de la Corte también ha estado marcada por sus alianzas. Originaria de Huehuetenango, comenzó su trayectoria en la Corte Suprema vinculada al bloque disidente, pero posteriormente se consolidó dentro del grupo dominante. Su elección como magistrada contó con el respaldo de diputados de distintas fuerzas políticas: Vamos aportó 39 votos, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), 28; Movimiento Semilla, 23, y Cabal, 18, según un recuento de La Hora.
Un reportaje de La Hora, publicado en marzo pasado, identifica al abogado Sergio Roberto López Villatoro, conocido como el «Rey del Tenis», como su padrino político. López Villatoro fue acusado de cohecho activo en el caso relacionado con el supuesto amaño de la elección de cortes, pero resultó absuelto.
Los cuestionamientos sobre las decisiones judiciales y los procedimientos de selección han adquirido una nueva dimensión con la investigación de La Hora sobre la presunta venta de plazas en el Organismo Judicial. La publicación de audios relacionados con una negociación de puestos administrativos, así como de jueces de paz y de primera instancia, reveló la mención de pagos de hasta Q350 mil quetzales. Tras los reportajes, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio.
Los audios no establecen por sí mismos quiénes serían responsables de una eventual negociación ni permiten atribuirla a García Villatoro. Sin embargo, el caso vuelve a poner en primer plano la necesidad de esclarecer cómo se gestionan las plazas, qué controles existen sobre los procesos de selección y qué mecanismos permiten detectar posibles irregularidades dentro de la institución.
La decisión de la Corte Suprema se limita a renovar su designación para que siga al frente del Consejo. Pero la institución que preside tiene competencias relevantes en la administración de la carrera judicial, precisamente en un momento en que los procedimientos de nombramiento y ascenso están bajo observación pública.
El acta del 14 de octubre no explica los antecedentes de la magistrada ni desarrolla las razones por las que el pleno decidió mantenerla en el cargo, más allá de la necesidad de renovar su designación.
La decisión deja a García Villatoro al frente de un órgano cuya actuación resulta determinante para la trayectoria de jueces y magistrados. En un sistema judicial donde las disputas por los nombramientos han derivado en denuncias y donde una investigación periodística ha sacado a la luz posibles negociaciones de plazas, la transparencia de esos procedimientos no es un asunto administrativo menor: es parte de las garantías que sostienen la independencia y la credibilidad de la justicia.