Registros sanitarios: el desafío de Guatemala para cumplir sus compromisos comerciales con EE. UU.
Guatemala deberá presentar en noviembre los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos con Estados Unidos en el marco del Acuerdo Recíproco de Aranceles, que busca facilitar el acceso de productos guatemaltecos al mercado estadounidense en condiciones arancelarias preferenciales. Entre los desafíos para avanzar en esa agenda comercial figuran las demoras en la emisión […]
Guatemala deberá presentar en noviembre los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos con Estados Unidos en el marco del Acuerdo Recíproco de Aranceles, que busca facilitar el acceso de productos guatemaltecos al mercado estadounidense en condiciones arancelarias preferenciales.
Entre los desafíos para avanzar en esa agenda comercial figuran las demoras en la emisión de registros sanitarios, que afectan los tiempos de ingreso de productos al mercado y generan costos para las empresas.
El tema fue señalado en septiembre por la ministra de Economía, Gabriela García, ante la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso, cuando identificó los procedimientos relacionados con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) como uno de los puntos de preocupación en la implementación del acuerdo.
Un mes después, un análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) advirtió que, pese a los avances en la gestión de los trámites, persisten obstáculos para las empresas.
Durante su comparecencia, García informó que los compromisos del acuerdo comprendían 145 acciones distribuidas entre 18 instituciones públicas. De ese total, 44 estaban completadas y 101 seguían en proceso o pendientes.
De estas últimas, 22 requerían intervención del Congreso, incluidas reformas al Código de Salud y a la legislación de sanidad vegetal y animal, así como medidas relacionadas con la agilización de trámites.
En ese momento, el Mineco reportó 44 de 145 acciones completadas, mientras 101 seguían en proceso o pendientes.
Las demoras pueden prolongar la entrada de productos al mercado y elevar los costos para las empresas.
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Ante esta situación, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) ha propuesto establecer un plazo obligatorio de 20 días hábiles para resolver las solicitudes, además de reducir las rondas de observaciones y unificar los criterios técnicos.
El Acuerdo de Comercio Recíproco, firmado el 30 de enero de 2026, contempla medidas para agilizar los registros de productos estadounidenses, incluidos los farmacéuticos y dispositivos médicos, así como simplificar requisitos documentales y aceptar determinadas certificaciones. El reto es trasladar esos compromisos a los procedimientos que aplican las instituciones guatemaltecas.
COMPROMISOS COMERCIALES Y RIESGOS
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), advierte que los atrasos en los trámites sanitarios pueden debilitar los compromisos asumidos por el Gobierno y convertirse en un punto de atención para las autoridades comerciales estadounidenses.
Según su análisis, los tiempos de resolución son verificables y podrían incidir en la evaluación del cumplimiento de los compromisos adquiridos.
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Zapata también señaló el riesgo de que estas demoras contradigan la expectativa de facilitar el ingreso de productos que ya cuentan con autorizaciones reconocidas internacionalmente, como las de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), en los casos contemplados por el acuerdo.
Si Guatemala no logra traducir esos compromisos en procedimientos más ágiles, advierte, podría dar argumentos para revisar las preferencias arancelarias.
El riesgo adquiere especial relevancia porque, según el acuerdo comercial con Estados Unidos, cerca del 72% de las exportaciones guatemaltecas estaría vinculado al beneficio del arancel cero. Esto constituye una advertencia sobre una posible consecuencia, no evidencia de que ya se hayan impuesto represalias.
RETRASOS Y POSIBLES RECLAMOS
Los datos sobre la gestión sanitaria muestran la magnitud del desafío.
Según el estudio del CIEN, durante 2025 algunos trámites llegaron a prolongarse hasta 17 meses y se acumuló un volumen cercano a 20 mil expedientes, mientras que reportes citados en el análisis situaron los atrasos en hasta 12 meses.
Aunque se registraron mejoras en los tiempos de resolución durante los primeros meses de 2026, pasar de esperas de varios meses a plazos menores no elimina el problema de fondo: Guatemala todavía carece de un plazo oficial exigible para resolver estos expedientes, lo que limita la capacidad de las empresas para planificar y reclamar una respuesta oportuna.
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En ese contexto, David Casasola, analista del CIEN, destacó que el acuerdo con Estados Unidos contempla un mecanismo mediante el cual las empresas estadounidenses podrían presentar reclamos si consideran que reciben un trato diferenciado o se les exige documentación adicional que no corresponde.
Para Casasola, el punto central es el reconocimiento mutuo y la aplicación de condiciones equivalentes. Aclaró, sin embargo, que no se tiene noticia reciente de una empresa que haya elevado una protesta por esta vía. Por tanto, el mecanismo representa un riesgo potencial que las autoridades deben prevenir, no una disputa comercial ya confirmada.
COSTOS Y PROCEDIMIENTOS ALARGADOS
Casasola también puso el foco en los costos y en las prácticas que contribuyen a prolongar los procedimientos. Entre 2018 y 2025 se emitieron 111 mil 589 certificados aprobados y 53 mil 221 notas de rechazo, según los datos del estudio del CIEN.
Aunque la tasa de aprobación aumentó de 55.7% en 2018 a 77% en 2025, las notas de rechazo nunca descendieron de 5 mil500 al año, lo que sugiere que persisten dificultades estructurales en la preparación y evaluación de los expedientes.
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El analista advierte que algunas empresas presentan solicitudes incompletas para intentar asegurar un lugar en la fila, aun cuando saben que podrían recibir una prevención o un rechazo. Esta práctica puede aumentar las vueltas administrativas y prolongar los tiempos.
A las demoras se suman barreras de costo que pesan especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas. El análisis estima que una regencia exclusiva para tramitar registros de productos afines puede costar entre Q15 mil y Q30 mil mensuales.
Estos gastos, junto con la incertidumbre sobre los tiempos de resolución, pueden dificultar la planificación de las empresas y retrasar la comercialización de nuevos productos.
UN PROBLEMA QUE VA MÁS ALLÁ DE SALUD
Casasola subrayó que el problema no depende únicamente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS): también intervienen las reglas y tarifas relacionadas con los profesionales regentes, así como la capacidad del Laboratorio Nacional de Salud para realizar los análisis que requieren determinados productos.
Por ello, la solución necesita coordinación entre las instituciones públicas, los profesionales y las empresas, además de expedientes completos y una comunicación más clara sobre requisitos, costos y plazos.
El CIEN propone establecer un plazo único y exigible para resolver los trámites, consolidar en una sola ronda las observaciones a cada expediente, unificar los criterios técnicos y profundizar la digitalización.
También plantea diferenciar los requisitos según la complejidad y el riesgo del producto, y evitar pruebas duplicadas cuando existan evaluaciones confiables que puedan reconocerse. Estas medidas permitirían reducir la incertidumbre sin renunciar a los controles sanitarios necesarios para proteger a los consumidores.
La agilización de los registros sanitarios representa así un desafío tanto para la gestión pública como para la aplicación de los compromisos comerciales asumidos por Guatemala. Mientras las empresas enfrentan costos y tiempos de espera, el Gobierno debe avanzar en procedimientos que permitan demostrar el cumplimiento de lo acordado con Estados Unidos.
La Hora consultó a los ministerios de Economía y de Salud por su postura sobre los compromisos con Estados Unidos y la situación de los registros sanitarios; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta. Al tener su postura se consignará en este mismo espacio.
Las advertencias de Zapata y Casasola apuntan a una misma conclusión: los retrasos tienen consecuencias que van más allá de una ventanilla pública, pues afectan los costos de las empresas, la capacidad de competir y la credibilidad de los compromisos comerciales del país.
Resolverlos con reglas claras y procedimientos oportunos es una tarea de competitividad económica y también una medida preventiva para evitar que las trabas administrativas se conviertan en un problema comercial de mayor alcance.