En Guatemala hay violencia, pero no castigo. A esa conclusión llegan expertos que investigan a las instituciones encargadas de la persecución penal y la administración de justicia.

El Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ) no brindan una respuesta efectiva a los múltiples casos de violencia que afectan a la población, según estadísticas de investigadores sociales.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), de Argentina, y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua) analizaron el fenómeno criminal desde la medición de la persecución penal y la administración de justicia.

Los datos y las conclusiones no son alentadores, según ambas entidades. Al hablar del MP, calculan que el 87% de las denuncias termina desestimado.

De los casos que superan ese primer filtro y llegan a los juzgados y tribunales, en promedio solo el 1% obtiene justicia. Todo ello tras pasar por juzgados, tribunales, salas de apelaciones y, en ocasiones, por resoluciones de las más altas cortes.

Una de estas dependencias, el MP, está bajo la mirada de la ciudadanía y actores de fiscalización por el cambio de fiscal general previsto para mayo de 2026, cuando concluye el segundo periodo constitucional de María Consuelo Porras, actual jefa del ente investigador.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está por cumplir su primer año —de cinco— el próximo 13 de octubre. Para los analistas, la expectativa que tenían diputados oficialistas fue errónea: no es posible hablar de una CSJ independiente o al menos balanceada.

Denuncias archivadas

Julián Alfie, director ejecutivo del Inecip, evaluó la actuación del MP frente a fenómenos criminales durante las dos gestiones de Consuelo Porras.

Considera que de 2018 a la fecha aumentó el número de denuncias desestimadas, lo que le genera dudas sobre la efectividad de la institución en la tramitación general de los casos.

“La capacidad de respuesta pasó de un 14% a un 6%. Esto es menos de la mitad que se tenía antes”, explicó Alfie. “Es una cifra grave porque significa que más del 90% de los casos se queda sin respuesta de calidad y se hace un uso abusivo del archivo de casos”.

Este fenómeno fue identificado en delitos frecuentes como homicidios, asesinatos, femicidios, violencia contra la mujer y violaciones. “Cuando la tasa de respuesta es del 6%, significa que el 93% de los casos queda sin respuesta”.

Para el investigador, las cifras contrastan con los anuncios institucionales del MP sobre su capacidad de respuesta.

“Cuestionamos si el MP tiene la eficiencia que promociona en sus informes anuales y actos públicos, o si Guatemala se está convirtiendo en un garante de la impunidad en la mayoría de los casos”, concluyó.

Justicia y más violencia

Otro aspecto clave del fenómeno criminal se desarrolla en los tribunales y cortes de apelaciones.

Según Udefegua, del total de denuncias presentadas, el 87% termina desestimado, y solo un pequeño porcentaje accede al OJ y a la CSJ.

“De ese 13% de casos que accedían al sistema de justicia, la tasa de resolución era del 1%. La cooptación del sistema judicial no solo afecta a personas defensoras de derechos humanos, sino a la obtención de justicia para la población en general”, explicó Brenda Guillén, coordinadora general de Udefegua.

La experta considera que solo unos pocos casos relacionados con violencia o delincuencia —quizá por la atención mediática— logran avanzar dentro del sistema judicial.

“Todos los casos llegan a un sistema que no está operando para brindar justicia, sino para criminalizar y responder a necesidades de grupos privilegiados”, afirmó.

Según Guillén, la actual integración de las cortes no permite que las víctimas de delitos comunes perciban justicia en el país. “Al principio se creía que había una CSJ mixta, pero hoy vemos que el sistema está completamente cooptado”.

El principal efecto de la falta de justicia es el aumento de la criminalidad, tanto en cantidad como en gravedad. “Cuando no hay justicia y se legitima la agresión con la impunidad, las agresiones escalan hasta el asesinato”.

Se solicitó la postura del OJ ante las críticas de las organizaciones sociales, pero al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.

MP: “Buscan desinformar”

El MP respondió al análisis del Inecip calificando de alejadas de la realidad las observaciones del experto, y defendió los resultados obtenidos bajo la dirección de Consuelo Porras.

“Es importante señalar que se desconoce la fuente utilizada por el señor Julián Alfie, la cual resulta dudosa y tendenciosa, ya que difiere de los datos oficiales. El único dato verídico y jurídicamente válido es el que emite el MP”, indicó el ente investigador a través de su departamento de Comunicación Social.

Para la institución, la perspectiva del experto consultado busca “desinformar a la población sin contar con información verificada o sin, siquiera, consultar a la fuente oficial. Este tipo de señalamientos, provenientes de entidades afines a determinados sectores, carece de rigor técnico y responde a posturas ideológicas”.

Criterio legal

Sobre las denuncias desestimadas, el MP explicó que estas decisiones obedecen a criterios jurídicos y técnicos, y rechazó que se trate de una práctica arbitraria.

“El archivo de denuncias no responde a falta de respuesta, sino al cumplimiento de criterios técnicos para clasificar los casos conforme a la evidencia disponible y la viabilidad procesal”.

Añadieron que estas acciones se aplican desde antes de la actual administración y que, al inicio del mandato, la institución recibió 1 millón 266 mil casos en mora, los cuales ya fueron resueltos. Actualmente, se reporta un 98% de casos atendidos.

También se justificó que muchos casos por delitos menores son desestimados tras resolverse por la vía conciliatoria, lo que contribuye a descongestionar el sistema judicial y permite la reparación directa a las víctimas.