Los homicidios y otros delitos mostraron una tendencia a la baja durante la pandemia. Sin embargo, con el retorno a la normalidad, la violencia volvió a repuntar, mientras las políticas diseñadas por gobiernos anteriores quedaron en el olvido. Hoy, las nuevas administraciones reciclan fórmulas antiguas bajo distintos nombres, con enfoques que prometen resultados.

Mano dura

Durante su gestión (2012–2015), Otto Pérez Molina impulsó una agenda de seguridad basada en su promesa de imponer “mano dura” contra el crimen. Como parte de esa estrategia, promovió el Pacto por la Paz, la Seguridad y la Justicia, una iniciativa que pretendía articular esfuerzos entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado para mejorar las condiciones de seguridad en el país.

Paralelamente, reactivó operativos conjuntos entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército en zonas de alta criminalidad, y creó diversas fuerzas de tarea especializadas en delitos de alto impacto social, como secuestros, feminicidios, robo de vehículos y sicariato. Estas unidades, de carácter multidisciplinario, estaban integradas por policías, fiscales y expertos civiles, cada una con un enfoque específico según el delito a combatir.

Durante su mandato también se incrementó el número de agentes policiales a más de 34 mil, aunque esta cifra seguía siendo insuficiente frente a la demanda de seguridad de una población que, para el 2015, rondaba los 15.8 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el plano internacional, Pérez Molina sorprendió con una controvertida propuesta: despenalizar las drogas como medida para reducir la violencia vinculada al narcotráfico y delitos conexos como el lavado de dinero, el contrabando y el tráfico de armas. Aunque la idea no prosperó, generó fuertes críticas a nivel local y fue recibida con escepticismo, e incluso burla, por parte de amplios sectores de la población.

El uso recurrente del Estado de Sitio en respuesta a protestas contra proyectos mineros e hidroeléctricos generó fuertes críticas por parte de organizaciones civiles, que denunciaron una reducción de los derechos democráticos y sociales en varias regiones del país.

Más fuerzas de tarea

Con la llegada de Jimmy Morales (2016–2020), las unidades creadas por su antecesor fueron relegadas y sustituidas por nuevas fuerzas de tarea. Bajo su mandato surgieron la Fuerza de Tarea Xinca, enfocada en zonas con alta incidencia delictiva; la Fuerza de Tarea Chortí, desplegada en las fronteras con Honduras y El Salvador; y la Fuerza de Tarea Tecún Umán, establecida para vigilar la frontera con México e impedir el ingreso de carteles de la droga.

Estas fuerzas operaban de forma conjunta entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército, bajo una lógica de militarización de la seguridad ciudadana. Sin embargo, como ha sido constante en los distintos gobiernos, estas estructuras fueron desmanteladas u olvidadas por las administraciones siguientes, sin evaluaciones públicas claras sobre su efectividad.

En un giro significativo, el propio gobierno de Morales ordenó en abril del 2018 el retiro del Ejército de las tareas de seguridad ciudadana, al argumentar que esa función no correspondía al Ministerio de la Defensa y que la PNC ya tenía la capacidad operativa para asumir el control. La medida fue vista como un intento de fortalecer la institucionalidad civil, aunque no estuvo acompañada de una estrategia sólida de transición ni de fortalecimiento de capacidades policiales.

Punto de quiebre

El gobierno de Alejandro Giammattei (2020–2024) estuvo marcado por los efectos de la pandemia del covid-19, que temporalmente redujo los índices delictivos debido al confinamiento. En cuanto a política de seguridad, su administración apostó por una transformación institucional de la PNC. Se invirtió en uniformes, vehículos, motocicletas, armamento y municiones, y se promovieron reestructuraciones internas para mejorar la capacidad de investigación criminal.

Además, Giammattei recurrió con frecuencia a la declaratoria de estados de excepción y de prevención en municipios como Mixco, San Juan Sacatepéquez, Petén, Alta Verapaz y Escuintla. Aunque estas medidas se justificaban como respuestas inmediatas a caravanas migrantes o brotes de violencia, su efectividad fue cuestionada.

La tasa de homicidios cerró en aproximadamente 16.7 por cada 100 mil habitantes en el 2023, lejos de la meta oficial de 12, lo que reflejó el limitado impacto de dichas acciones.

Durante su mandato, el número de agentes policiales se incrementó a unos 42 mil, pero no se concretó la cárcel de máxima seguridad que debía edificarse en Masagua, Escuintla, a pesar de que se iniciaron negociaciones con una empresa mexicana y se desembolsaron fondos para los estudios previos y diseños.

En el 2013, los principales bulevares y avenidas de la capital se convirtieron en escenario de los vistosos patrullajes del Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GRIL), un comando de élite creado para responder con rapidez a los delitos callejeros. Su despliegue llamaba la atención de automovilistas y pasajeros por sus maniobras ágiles y sincronizadas. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta unidad fue desactivada de forma progresiva, sin una explicación clara por parte de las autoridades.

Patrullajes

Ya bajo el gobierno de Bernardo Arévalo, la estrategia de seguridad ha puesto el foco en recuperar el control del sistema penitenciario y enfrentar las extorsiones, delitos que por años han operado desde las cárceles con altos niveles de impunidad. Desde principios del 2024 se intensificaron las requisas en centros penales, con el objetivo de debilitar el poder que aún ejercen estructuras pandilleras desde el interior.

En febrero, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa instalaron seis campamentos conjuntos en puntos estratégicos del área metropolitana, como la avenida Bolívar, zonas conflictivas de la zona 18, Villa Nueva, la ruta a El Salvador y Amatitlán. Esta presencia busca reforzar la vigilancia en zonas vulnerables y contener la criminalidad en puntos de alta movilidad.

Como parte de esta nueva ofensiva, se creó el Grupo Especial contra las Extorsiones (GECE), una unidad élite que vino a reemplazar a los Lobos y cuya misión principal es colaborar en los operativos para desarticular redes de extorsionistas a nivel nacional. No obstante, pese a las reiteradas solicitudes de información pública sobre sus resultados, la PNC aún no ha transparentado los avances de este grupo, lo que dificulta evaluar su efectividad real.

A pesar de los cambios de enfoque entre gobiernos, el desafío persiste: reducir la violencia de forma sostenida y efectiva. Las cifras actuales, sumadas a la persistente percepción de inseguridad entre la población, siguen cuestionando la eficacia de las políticas de seguridad implementadas durante la última década.

Acciones integrales

“De poco sirven las estrategias de seguridad si el sistema de justicia permite que los capturados salgan libres a las pocas horas”, dice el exviceministro de Gobernación, Mario Mérida, quien insiste en que cualquier política efectiva para reducir la criminalidad debe involucrar a los tres poderes del Estado.

“No puede seguir actuando de forma coyuntural. Lo que se necesita es una política criminal de Estado, no solo una política del Ejecutivo”, afirma.

Según Mérida, uno de los grandes vacíos de las estrategias impulsadas en los últimos gobiernos —desde la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) hasta el actual— es que operan desconectadas del sistema de justicia.

“La Policía captura, pero el capturado está libre en 72 horas. Entonces, ¿para qué sirve toda la movilización operativa?”, cuestiona.

En su opinión, esto termina por desmoralizar a las fuerzas de seguridad y contribuye al repunte de delitos.

El exfuncionario recuerda que durante el gobierno de Otto Pérez Molina se estructuró una Política Nacional de Seguridad, se creó una agenda de riesgo y amenazas, y se impulsó un plan estratégico de seguridad pública. Sin embargo, esas políticas no trascendieron como estrategia de Estado, sino que fueron asumidas únicamente desde el Ejecutivo. Incluso menciona que, en el 2010, se aprobó una Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad que permitió cierto nivel de coordinación interinstitucional, pero su funcionamiento fue limitado por falta de implementación real y personal capacitado.

Mérida lamenta que los gobiernos posteriores hayan replicado acciones sin evaluar su efectividad real. Cita como ejemplo el uso de carpas para operativos policiales y del Ejército, que generaron una presencia visible, pero de las que nunca se conocieron resultados medibles.

“No hay ni siquiera un índice que permita saber si estrategias como los Lobos o el GRIL han tenido algún impacto. Se actúa más por ocurrencia que por análisis”, reprocha.

Desde su visión, también es urgente revisar las condiciones del sistema penitenciario. Atribuye parte del problema del hacinamiento a decisiones judiciales, como la excesiva prisión preventiva, que no solo colapsa las cárceles, sino que también afecta la capacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de control. “No se trata de copiar cárceles como las de Bukele, sino de pensar en soluciones propias, que surjan de una política penal integral, con el Ministerio Público y el Organismo Judicial como actores clave”, sugiere.

Mérida advierte que el vacío institucional y la falta de soluciones efectivas podrían estar alimentando fenómenos como la limpieza social. Aunque descarta la existencia de ejecuciones extrajudiciales sistemáticas por parte de autoridades, sí considera que podría haber grupos civiles que opten por hacer justicia por mano propia, ante la falta de respuestas reales. “Eso también es una consecuencia de un sistema que no funciona”, concluye.